La inauguración de las obras en el tramo de la Ruta Nacional 11 que atraviesa la ciudad agroportuaria vuelve a poner de manifiesto un esquema desproporcionado: las comunas del cordón industrial se ven obligadas a volcar fondos propios para absorber el impacto del tránsito pesado que sostiene al complejo agroexportador, ante la parálisis absoluta de Vialidad Nacional. El Municipio de Puerto General San Martín dejó formalmente inaugurada la reparación integral y puesta en valor del tramo de la Ruta Nacional 11 correspondiente a su ejido urbano. La intervención, que requirió un desembolso cercano a los 3.800 millones de pesos aportados íntegramente por las arcas municipales, incluyó bacheos profundos, reconstrucción de banquinas, dársenas de colectivos y la colocación de luminarias LED. Si bien las autoridades locales presentaron la concreción como un logro operativo frente a la inacción del Gobierno central y el peligro inminente para la seguridad de los vecinos, la medida expone nuevamente la distorsión del sistema: un Estado municipal asumiendo los costos financieros de la conservación de una arteria federal cuyo desgaste prematuro es provocado por miles de camiones que alimentan las terminales privadas de exportación. La traza de la Ruta 11 en el departamento San Lorenzo constituye uno de los cuellos de botella logísticos más críticos del país, soportando el flujo incesante de cargas de granos que convergen en el nodo portuario del Gran Rosario. Sin embargo, mientras las grandes empresas agroexportadoras operan con altos niveles de rentabilidad y utilizan la red pública como infraestructura operativa de bajo costo, la falta de mantenimiento estructural por parte de la Casa Rosada traslada el costo directo de la reparación a la comunidad local. Las gestiones municipales deben recurrir a la Tasa de Camiones o al margen fiscal propio para costear trabajos de pavimentación e iluminación, recursos que de otro modo se destinarían a servicios esenciales, salud o educación pública en el distrito. Desde la perspectiva de los trabajadores de la infraestructura vial, esta sustitución de funciones por parte de municipios y comunas pequeñas evidencia la retirada deliberada del Estado federal y la consolidación de un modelo que privatiza las ganancias de la logística mientras socializa el deterioro físico de las trazas. Al no ejecutarse las partidas tributarias específicas como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), las poblaciones de la región costera quedan rehenes del peligro permanente en las calzadas o bien atadas a la capacidad de sus intendencias para subsidiar competencias que corresponden exclusivamente al organismo vial nacional. El parche municipal sobre la Ruta 11 no oculta así la falta de un plan nacional de infraestructura que exija a las terminales portuarias privadas participar de manera proporcional en el sostenimiento de los caminos que sostienen su actividad comercial. Navegación de entradas La Justicia ordenó reparar la Circunvalación Del abandono central a la privatización encubierta: el trasfondo del traspaso de las Rutas 22 y 151 a Río Negro