El Gobierno de la Provincia de Río Negro formalizó un reclamo perentorio ante la Dirección Nacional de Vialidad para exigir la intervención urgente en las trazas de las rutas nacionales 22 y 151. La presentación impulsada por la gestión del gobernador Alberto Weretilneck se intensificó tras los severos temporales de lluvia registrados en el Alto Valle, que profundizaron el colapso del asfalto y multiplicaron la presencia de deformaiciones de calzada y pozos profundos sobre tramos de intensa circulación pesada y productiva. El cuadro técnico más alarmante se localiza sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Puente 83, un sector donde el deterioro de la cinta asfáltica representa un peligro permanente para automovilistas, trabajadores del transporte y comunidades vecinas. Frente al estancamiento de las respuestas oficiales, la administración provincial recordó de forma tajante que, mientras no se concrete la firma de la transferencia definitiva, la responsabilidad legal, técnica y presupuestaria sobre el mantenimiento y la conservación preventiva de ambas trazas sigue perteneciendo al Estado central. El reclamo rionegrino expone la paradoja de la «provincialización» de la red caminera federal. Río Negro negocia el traspaso formal de la gestión sobre las rutas 22 y 151 para ejecutar un plan de recuperación propio, estimando la concreción de los acuerdos administrativos para la segunda quincena de noviembre. Sin embargo, la provincia dejó en claro que no asumirá pasivos ni obligaciones pendientes provocadas por el vaciamiento de la inversión nacional, exigiendo que las obras mínimas de conservación para devolver la transitabilidad segura sean costeadas y ejecutadas de inmediato por la cartera de infraestructura federal. Esta encrucijada refleja un patrón recurrente en el interior productivo: el Ejecutivo nacional abandona la conservación del asfalto, ahoga financieramente a los distritos de Vialidad Nacional y fuerza a las provincias a hacerse cargo de carreteras estratégicas para evitar la desconexión territorial y el aumento de los siniestros viales. Los corredores 22 y 151 resultan arterias críticas para el traslado de la producción frutícola y el transporte vinculado a la cuenca hidrocarburífera. La pretensión de supeditar la reparación de emergencia a los tiempos de la burocracia privatizadora traslada un riesgo extremo a los usuarios, obligando a los tesoros subnacionales a responder por la inacción del gobierno federal. Navegación de entradas Fuerte rechazo del CONADUV al nuevo esquema de peajes: lo califican de “disparate total” y advierten sobre tarifazos al transporte Diez empleados para tres mil kilómetros: el vaciamiento de Vialidad paraliza el Paso Pehuenche