La Justicia admite un amparo contra Nación por los fondos viales en Entre Ríos

El Juzgado Federal de Paraná dio curso formal a una acción de amparo presentada para exigir al Gobierno Nacional la restitución inmediata y la ejecución efectiva de los fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.

El fuero federal entrerriano declaró admisible la medida judicial que busca destrabar las partidas presupuestarias congeladas por el Poder Ejecutivo Nacional para la conservación de la infraestructura vial. La presentación, impulsada ante el severo deterioro de arterias neurálgicas como las rutas 12, 14, 18 y 127, exige que la Nación cumpla con la asignación de recursos que por ley corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad y al distrito provincial. La decisión del magistrado interviniente implica un primer aval procesal de significancia, obligando a las autoridades nacionales a dictaminar y justificar formalmente los motivos por los cuales se frenó la ejecución del presupuesto aprobado para el sostenimiento de la calzada pública.

El planteo judicial pone el foco en la ilegitimidad del congelamiento de los giros viales en un contexto donde el Estado central continúa percibiendo las alícuotas del Impuesto a los Combustibles Líquidos en cada surtidor del país. La demanda argumenta que la parálisis de los contratos de bacheo, la falta de señalización y la ausencia de cuadrillas operativas en las calzadas entrerrianas vulneran derechos constitucionales vinculados a la seguridad vial, la libre circulación y la preservación de la vida de quienes transitan por el corredor del litoral. Al dar curso a la acción de amparo, la Justicia federal establece un marco de intimación directa sobre la administración nacional para evitar que la parálisis de la obra pública siga traduciéndose en una omisión de los deberes de conservación de la red estatal.

La resolución judicial se suma a una serie de antecedentes en diversas provincias del interior donde los fueros locales comienzan a intervenir para contener el abandono caminero promovido por la política de ajuste fiscal. Ante la falta de respuestas técnicas por parte de Vialidad Nacional y el congelamiento del gasto público en el Ministerio de Economía, las acciones de amparo se consolidan como la principal vía institucional de las provincias para frenar el traspaso de los costos de reparación hacia los presupuestos subnacionales. La admisión del trámite en Paraná obliga a la Nación a presentar informes sobre la disponibilidad presupuestaria y los planes de contingencia, dejando en evidencia que la parálisis de las obras en la red federal ingresó en una fase de judicialización con desenlace incierto para el Tesoro Nacional.

El avance de esta causa amparista expone la insostenibilidad del esquema de abandono vial en tramos de alta densidad de tránsito pesado y flujo turístico transfronterizo. De prosperar el reclamo en las instancias de fondo, la Justicia podría ordenar la transferencia inmediata de las partidas retenidas o la reanudación perentoria de las tareas de conservación, sentando un precedente determinante para el resto de las jurisdicciones provinciales que enfrentan el colapso de sus comunicaciones nacionales sin recibir los recursos específicos que la legislación vigente destina a la preservación de los caminos.