Entre Ríos se endeuda para reparar sus caminos

El Estado nacional aprobó la garantía soberana que le permitirá a la provincia de Entre Ríos endeudarse por hasta doscientos ochenta millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para la recuperación y mantenimiento de su red caminera.

La aprobación formal del esquema de endeudamiento externo para Entre Ríos oficializa el traspaso directo del costo de la infraestructura caminera hacia los tesoros subnacionales. A través del aval otorgado por el Gobierno Nacional, la provincia asumirá un compromiso financiero por hasta doscientos ochenta millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo para llevar adelante intervenciones estructurales y tareas de conservación sobre su deteriorada red vial.

Aunque el Estado central actúa como garante de la operación multilateral, la arquitectura del contrato exige que la administración entrerriana suscriba una contragarantía comprometiendo sus propios recursos de la coparticipación federal, obligando a los contribuyentes locales a saldar el préstamo a lo largo de más de dos décadas.

Este mecanismo crediticio expone la encrucijada a la que el Ejecutivo central somete a las provincias frente a la parálisis total de la obra pública nacional. Ante el acelerado deterioro de los corredores del litoral y la falta de mantenimiento de la Dirección Nacional de Vialidad, las administraciones provinciales se ven forzadas a contraer deuda financiera para evitar la desconexión territorial y el impacto negativo sobre la producción agroindustrial. Sin embargo, este esquema consagra una marcada inequidad tributaria, dado que la Nación continúa percibiendo de forma ininterrumpida la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos sin volcar esos fondos a la reparación del asfalto ni coparticiparlos de manera equitativa.

La operación de crédito internacional refleja, además, la consolidación de un modelo donde el riesgo económico y la carga financiera de la infraestructura pública se trasladan íntegramente hacia las arcas provinciales. Mientras el Gobierno Nacional celebra el cumplimiento del déficit cero al desentenderse de la inversión directa en carreteras y puentes, habilita a las provincias a endeudarse en moneda extranjera para cubrir funciones que históricamente correspondieron a la órbita federal. De este modo, los estados subnacionales deben destinar partidas futuras de sus presupuestos a pagar servicios de amortización e intereses, comprometiendo su margen fiscal para atender otras demandas sociales prioritarias.

El endeudamiento entrerriano abre un precedente clave sobre la privatización del costo de la obra pública en el interior productivo. Los ciudadanos de la provincia terminarán pagando doblemente la conservación de los caminos: en primer término, mediante el tributo aplicado en cada carga de combustible que absorbe el Tesoro Nacional y, en segundo lugar, a través de la cancelación del préstamo internacional garantizado con los recursos locales. Esta lógica fiscal consolida la desresponsabilización de la Nación en la preservación del patrimonio vial argentino, dejando el sostenimiento de las trazas estratégicas atado a la capacidad crediticia y al nivel de endeudamiento de cada jurisdicción provincial.