La privatización vial avanza: evalúan sumar otros 26 tramos a las concesiones

Dirección Nacional de Vialidad elaboró una propuesta técnica para transferir la explotación, administración y mantenimiento de nuevos corredores estratégicos hacia el sector privado.

El Poder Ejecutivo Nacional profundiza el proceso de reestructuración de la Red Vial Nacional mediante la preparación de una nueva fase de privatizaciones que busca desprenderse de la gestión directa de las carreteras estratégicas del país. A través de una evaluación técnica impulsada por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno puso bajo análisis una nómina de veintiséis tramos adicionales que podrían incorporarse al esquema de concesiones privadas. La medida apunta a consolidar un modelo donde la administración, la conservación operativa y el cobro de tarifas sobre las calzadas quedan a cargo de empresas privadas, reduciendo a su mínima expresión la inversión directa del Estado central en el mantenimiento de las trazas federales.

Este movimiento administrativo se encuadra en la continuidad de la Red Federal de Concesiones, un programa que ya registró hitos decisivos con la adjudicación de los tramos pertenecientes a la Etapa III. En esa instancia, impulsada desde el Ministerio de Economía, el Estado nacional entregó al sector privado la gestión de más de tres mil novecientos kilómetros de rutas nacionales. La nómina de nuevos trayectos remitida en los últimos días busca dar forma a lo que será la Etapa IV del plan privatizador, extendiendo la transferencia de infraestructura sobre sectores del territorio donde la parálisis del mantenimiento estatal se tradujo en una paulatina quita de presencia pública.

El listado confeccionado por el titular de Vialidad Nacional fue enviado formalmente al secretario de Transporte, Mariano Plencovich, y al secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann. Ambos funcionarios habían requerido de forma previa un relevamiento técnico pormenorizado para identificar qué trazas reunían las condiciones operativas y de flujo vehicular necesarias para ser ofertadas al capital privado. El informe final se elaboró tras revisar el estado general de la red y contemplar los reordenamientos geográficos producidos luego de que varios gobiernos provinciales asumieran la operación de diversos tramos para evitar el colapso de sus comunicaciones.

La ampliación del mapa de concesiones ratifica la decisión del Ejecutivo nacional de delegar la conservación vial en operadores comerciales bajo un esquema basado en el cobro de peajes directos al usuario. Esta estrategia se despliega en paralelo al desvío de los recursos con afectación específica del Impuesto a los Combustibles Líquidos y a la drástica reducción de las partidas presupuestarias para obras públicas. De concretarse la incorporación de los veintiséis tramos propuestos, la administración central completará la transferencia de los corredores de mayor tránsito comercial, consolidando un sistema donde la transitabilidad de las carreteras argentinas queda atada a la rentabilidad corporativa y al pago de tarifas por parte de los conductores.