Deterioro vial y Presupuesto 2027: la discrecionalidad política del gasto público

El acelerado colapso de las rutas nacionales en el interior del país se transformó en un problema estructural donde el ajuste presupuestario y la negociación legislativa condicionan la conservación de la infraestructura pública.

El interrogante sobre quién se hará cargo del mantenimiento de las rutas nacionales cobra una vigencia dramática a medida que el deterioro de la red caminera alcanza niveles críticos. En regiones estratégicas como el Noroeste Argentino, el estado de las rutas 9, 34, 38 y 157 expone las consecuencias directas de la parálisis de la obra pública. La ausencia prolongada de cuadrillas de conservación preventiva, la falta de repavimentación y la paralización total de los contratos de bacheo provocaron la deformación de las calzadas y la multiplicación de pozos profundos. Este escenario afecta de forma cotidiana a miles de automovilistas y al transporte de carga que sostiene a las economías regionales.

Lejos de responder a una escasez fortuita de recursos, este panorama refleja la orientación plasmada en la proyección del Presupuesto 2027 enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. El texto oficial ratifica el congelamiento de las partidas destinadas a la Dirección Nacional de Vialidad y mantiene la inversión pública en niveles mínimos. Al mismo tiempo, consolida un esquema de asignación discrecional donde los fondos para infraestructura no se distribuyen en función de urgencias técnicas, mapas de siniestralidad o volumen de tránsito, sino según el alineamiento político de las administraciones provinciales con la agenda del gobierno central.

La arquitectura presupuestaria revela que la obra pública remanente funciona como una herramienta de negociación transaccional. Mientras los distritos que impulsan reclamos judiciales o denuncian el desvío de los fondos con afectación específica del Impuesto a los Combustibles Líquidos enfrentan la parálisis absoluta de sus corredores, aquellas provincias que acompañan las iniciativas legislativas del oficialismo logran negociar transferencias puntuales o compromisos de intervención sobre trazas específicas. Esta dinámica convierte a la infraestructura estratégica en un activo de cambio político, despojándola de su función social y económica unificadora.

Frente a la inacción del Estado central, las provincias quedan acorraladas entre tolerar la destrucción de sus arterias productivas o asumir la gestión directa de las rutas nacionales mediante recursos propios o esquemas de endeudamiento. Esta provincialización de hecho obliga a los presupuestos locales a cubrir competencias federales en un contexto en el que el Tesoro Nacional continúa percibiendo la recaudación tributaria sobre los combustibles sin volcar un solo peso al mantenimiento de los caminos. De este modo, la población del interior enfrenta un doble perjuicio: tributa en el surtidor por un servicio que no recibe y financia con sus impuestos provinciales la reparación de emergencia del asfalto.

La falta de planificación unificada y el uso político de la pauta presupuestaria amenazan con consolidar un mapa vial fragmentado e inseguro. La desatención de la red caminera destruye el patrimonio vial acumulado durante décadas, incrementa los costos logísticos del sector productivo y multiplica los riesgos para la vida de los ciudadanos que transitan diariamente por carreteras abandonadas a su suerte.