La provincia de Neuquén concretó la asunción directa de la gestión, mantenimiento y conservación de casi ciento setenta kilómetros pertenecientes a las rutas nacionales 22 y 242, en una movida estratégica orientada a contener el avance del deterioro en trazas clave para la conectividad cordillerana y el complejo productivo de Vaca Muerta. La decisión administrativa formaliza la transferencia operativa de tramos fuertemente castigados por el tránsito pesado de insumos industriales y la severidad del clima invernal, ante la persistente parálisis de las inversiones y las cuadrillas de la Dirección Nacional de Vialidad. El traspaso de estos trazados estratégicos —que integran la conexión neurálgica hacia el paso internacional Pino Hachado— expone la encrucijada a la que el Gobierno Nacional acorrala a los estados subnacionales. Para evitar que el abandono caminero paralice la logística no convencional y multiplique los índices de siniestralidad vial en la región, la administración neuquina se ve forzada a absorber la carga económica de reconstruir y mantener infraestructura de jurisdicción estrictamente federal, recurriendo a partidas de su propio presupuesto. La asumir el control de estas arterias se produce, además, bajo el restrictivo marco trazado por el Ministerio de Economía de la Nación, que viene negando categóricamente cualquier cláusula de reconocimiento de deuda o mecanismo de compensación futura por las inversiones que ejecuten las provincias. En los hechos, Neuquén debe financiar con recursos locales la puesta en valor de la calzada mientras la Nación continúa percibiendo las transferencias del Impuesto a los Combustibles Líquidos y se desentiende de sus obligaciones legales de conservación. El movimiento neuquino refleja el proceso de provincialización de hecho que se expande por el interior productivo frente al repliegue del Estado central. Si bien la medida permite destrabar obras urgentes de bacheo y repavimentación en corredores donde se juega la competitividad de las exportaciones energéticas y el flujo comercial transandino, consagra un esquema de marcada asimetría fiscal: los contribuyentes provinciales terminan pagando dos veces por el mismo camino, primero a través de los tributos nacionales depositados en el surtidor y luego mediante los fondos provinciales destinados a subsanar el abandono de la red caminera argentina. Navegación de entradas Exenciones impositivas y presión fiscal a las provincias: el sesgo del modelo para la privatización vial Proponen suspender las sanciones por RTO ante la destrucción de las rutas nacionales
