Exenciones impositivas y presión fiscal a las provincias: el sesgo del modelo para la privatización vial

La propuesta incluida por el Poder Ejecutivo Nacional en el proyecto de Presupuesto 2027 introdujo un nuevo beneficio normativo destinado a blindar la rentabilidad del negocio privado sobre la infraestructura pública. El texto oficial establece una exención y rebaja de impuestos nacionales para las empresas concesionarias que asuman la explotación de las rutas nacionales, condicionando este esquema a que las provincias adopten medidas especulares reduciendo o eliminando la alícuota de Ingresos Brutos y la tasa de Sellos sobre los contratos de privatización.

La disposición profundiza la asimetría tributaria entre las exigencias impuestas a los estados subnacionales y las concesiones otorgadas al capital privado. Mientras el Gobierno Nacional mantiene congelada la devolución de los recursos con afectación específica del Impuesto a los Combustibles Líquidos y restringe el gasto en infraestructura pública a mínimos históricos —con caídas que rozan el ochenta por ciento en comparación con los niveles de inversión ejecutados en años anteriores—, promueve una renuncia fiscal deliberada para favorecer a las firmas adjudicatarias de los corredores viales.

Este condicionamiento presupuestario coloca a las administraciones provinciales ante una encrucijada financiera. Al exigir la poda de tributos locales como Ingresos Brutos sobre el cobro de peajes, la Nación acorrala las arcas provinciales obligándolas a resignar recursos propios de recaudación directa, en el mismo contexto en que se les exige asumir la responsabilidad operativa o tolerar el deterioro de las trazas que atraviesan sus territorios sin compensación económica alguna.

El beneficio impositivo otorgado a las concesionarias privadas expone la consolidación de un modelo donde el Estado nacional renuncia a la recaudación fiscal y a la inversión en conservación para garantizar la tasa de ganancia de los operadores privados. En contraposición, el costo del esquema se traslada de manera directa hacia la población y las economías regionales, que no solo deberán afrontar el pago de tarifas en las nuevas plazas de peaje, sino que verán resentidas las finanzas provinciales por la quita impositiva impulsada desde la administración central.