El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, impulsa un nuevo esquema de ajuste sobre la Dirección Nacional de Vialidad que busca reducir drásticamente la estructura organizativa, eliminar cargos jerárquicos y reorientar las funciones esenciales del organismo público. Tras el revés parlamentario del año pasado que frenó la disolución total de la entidad, el Poder Ejecutivo nacional elaboró una hoja de ruta con el objetivo central de traspasar las tareas de reparación y ampliación de carreteras hacia la fiscalización de concesiones privadas. El diagnóstico oficial elaborado por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública sostiene que la organización actual de Vialidad presenta una sobredimensión funcional respecto al volumen de operaciones ejecutadas. El informe detalla que el organismo cuenta con 1.545 cargos de conducción y supervisión distribuidos entre la sede central y los distritos provinciales, de los cuales un 26% permanece vacante. A su vez, las autoridades remarcaron que el promedio de agentes por cada puesto jerárquico es de 3,18 empleados, una densidad que la gestión considera insostenible bajo los parámetros de eficiencia administrativa.Frente a este escenario, los lineamientos prevén la supresión de unidades administrativas duplicadas o sin volumen representativo de gestión, la estandarización funcional de las delegaciones en todo el país y la exigencia de que el personal de apoyo o administrativo no supere el 35% del total de los cargos sustantivos. Con este rediseño institucional, la administración aspira a quitarle a la entidad la ejecución directa de las obras viales para limitar su radio de acción al control de los contratos de participación privada en las rutas nacionales con peaje.En paralelo a la reorganización operativa, la conducción de la dependencia abrió una nueva etapa de retiros voluntarios orientada a recortar la plantilla en aproximadamente mil trabajadores. El plan de desvinculaciones contempla indemnizaciones calculadas según la antigüedad y esquemas de pago en cuotas sujetas a los montos finales resultantes. Cabe destacar que desde fines de 2023 la dotación del personal del organismo vial registró una caída del 14%. Esta reducción de recursos presupuestarios e infraestructura coincide con advertencias del sector gremial sobre el continuo deterioro de la infraestructura vial en todo el territorio argentino. Relevamientos del personal técnico señalan que entre el 65% y el 70% de la red caminera bajo jurisdicción federal se encuentra actualmente en estado regular o malo, con el consecuente impacto en la seguridad vial y el incremento de costos para el transporte de cargas y pasajeros. Navegación de entradas Las mentiras de Campoy en el congreso Excluyen a Formosa del plan de concesiones privadas para la Ruta Nacional 11
