Gremios viales denuncian que Vialidad Nacional oculta el abandono de las rutas mientras aumentan los peajes

El Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, expuso ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación para defender el nuevo esquema de concesiones viales (RFC1 y RFC2). Sin embargo, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) emitió un duro comunicado en el que desmintió los datos oficiales presentados por el funcionario, señalando ocultamiento de información sobre la reducción de personal, incrementos tarifarios desmedidos y una peligrosa falta de mantenimiento que pone en riesgo vidas humanas.

El gremio cruzó fuertemente las declaraciones de Campoy, quien justificó los cambios tildando de «corruptos» a los trabajadores y asegurando que el organismo cuenta con 5.100 empleados.

Desde FEPEVINA precisaron que la planta real cayó de 5.540 a 4.100 tras la pérdida de más de 1.400 puestos de trabajo. Asimismo, alertaron que la implementación del nuevo modelo privatizador amenaza con poner en riesgo más de 3.800 empleos adicionales dentro de la repartición.

En relación al financiamiento, mientras la versión oficial sostiene que las nuevas concesiones no implicarán costos para el Estado ni para los usuarios, los datos oficiales del impuesto a los combustibles desmienten ese relato. FEPEVINA advirtió que la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) muestra millonarios excedentes que no se están ejecutando en obras viales.

A esta subejecución se suma un esquema de doble cobro: las tarifas de los peajes sufren ajustes vinculados al precio del combustible, un insumo que el usuario ya tributa en el surtidor.

A pesar de que el compromiso oficial garantizaba mantener las tarifas congeladas durante el primer año de concesión, en diversos corredores clave ya se autorizaron subas de hasta un 503%. Esta situación se agrava con el aumento constante de siniestros graves en la red vial nacional, atribuibles a pozos, falta de señalización y deterioro general del trazado.

Frente a este escenario, los trabajadores viales exigen transparencia inmediata sobre los fondos recaudados y exigen la urgente revisión de un esquema tarifario que beneficia a las empresas en detrimento de la seguridad de la sociedad.

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