La Justicia acorrala a Nación por el estado de las rutas en Formosa

El Juzgado Federal N° 1 de Formosa fijó un plazo perentorio de seis meses para que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecute los trabajos de reparación y mantenimiento sobre las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 a su paso por el territorio provincial. La resolución judicial responde a la severa degradación del asfalto y al riesgo constante para la seguridad vial, obligando al Estado nacional a revertir la parálisis operativa en uno de los corredores estratégicos del Noreste Argentino.

Ante la contundencia de la medida, las actuaciones sumaron una exigencia directa al Ministerio de Economía de la Nación y a la propia DNV para que informen de manera urgente la disponibilidad de fondos y las partidas presupuestarias destinadas a cumplir con el mandato judicial. La intimación apunta a evitar que la orden quede postergada bajo el argumento de las restricciones financieras del Tesoro, exigiendo precisiones sobre la partida presupuestaria que garantizará el despliegue de las cuadrillas y los materiales en el terreno.

El requerimiento presupuestario cobra relevancia luego de que la delegación local de Vialidad Nacional admitiera formalmente las limitaciones de recursos operativos que afectaron al distrito para sostener los planes de conservación preventiva. El pronunciamiento de la Justicia busca cercar la estrategia de postergar el mantenimiento caminero mediante el ajuste del gasto público, estableciendo responsabilidades concretas sobre la cartera económica para asegurar la viabilidad financiera de las obras.

La decisión sienta un antecedente clave en la batalla legal por la infraestructura del norte del país, al confrontar la parálisis de las obras públicas nacionales con la obligación constitucional de velar por la vida, la integridad física y la conectividad de los ciudadanos. De no concretarse las transferencias exigidas por el fuero federal en los plazos fijados, las autoridades nacionales podrían incurrir en incumplimiento de los deberes de funcionario público, en un escenario donde el estado crítico de las calzadas ya no admite más dilaciones presupuestarias.