La directiva de Caputo frena el traspaso de rutas a Neuquén: transferencia de costos sin reconocimiento de inversión

Durante un debate en la Cámara de Senadores, la provincia de Neuquén volvió a exigir la aceleración en el traspaso de trazas nacionales estratégicas —como la Ruta 242 que conecta con los pasos internacionales a Chile—, al advertir que la dureza del clima patagónico y el paso del invierno destruyeron la calzada sin que la Nación ejecute las obras correspondientes. El reclamo llevado por la senadora Julieta Corroza dejó al descubierto el cerrojo financiero impuesto por el Ministerio de Economía de la Nación, que bloquea las negociaciones sobre el esquema de compensación por los trabajos de reconstrucción.

Desde la conducción de la Dirección Nacional de Vialidad explicaron en el Congreso que la orden dictada por el ministro Luis Caputo establece con claridad que el Estado nacional no firmará convenios de transferencia que contemplen devolver la inversión o reconocer créditos fiscales a las provincias si estas deciden intervenir sobre las trazas sin aplicar un modelo de concesión privada posterior. Bajo esta premisa, la Nación pretende desprenderse de la responsabilidad de mantenimiento de las rutas pero impide que las jurisdicciones subnacionales recuperen los fondos volcados en la reconstrucción del asfalto.

La postura de la cartera económica impone un virtual chantaje a las provincias, que se ven forzadas a asumir el deterioro acelerado de la red caminera federal o a financiar de su propio bolsillo obras de envergadura sin posibilidad de resarcimiento futuro por parte del Tesoro Nacional. Para Neuquén, la falta de definición compromete arterias fundamentales para la conectividad cordillerana y la logística del complejo productivo provincial, en un escenario donde la infraestructura se deteriora al ritmo de la parálisis de la obra pública centralizada.

El contrapunto en el Senado expone la lógica profunda de la política vial nacional: desentenderse de la conservación preventiva de las calzadas y trasladar la urgencia y el costo financiero del mantenimiento a las provincias, cerrando las vías de compensación económica a menos que la traza sea entregada a la explotación de peajes privados. De este modo, mientras las rutas de la cordillera sufren los embates del clima y el abandono oficial, la administración central utiliza la infraestructura pública como una herramienta de ajuste fiscal sin asumir responsabilidades sobre el patrimonio caminero de la Nación.