La transferencia del cobro de peajes en tramos de las rutas nacionales 38 y 60 a la provincia de Catamarca sumó un nuevo capítulo en el proceso de desmembramiento de la red caminera federal. Raúl Jalil ahora acordó con el gobierno de Javier Milei que Catamarca asumirá el control de más de 180 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia, convenio que cuenta con una cláusula que faculta al gobernador a adoptar en esos corredores un sistema de concesión con peajes. No es casual que, para los peajes que consiguió Jalil de Nación, suene fuerte el nombre de la empresa familiar del ex secretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta. Es que esa firma viene de quedarse con los peajes de la autopista Rosario-Córdoba en el marco de las concesiones promovidas por Toto Caputo, la mism empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública en esa provincia. La medida, dispuesta por la administración central para habilitar la explotación tarifaria por parte del gobierno que encabeza Raúl Jalil, confirma cómo la infraestructura pública vial pasó de ser una responsabilidad del Estado nacional a transformarse en una cotizada oportunidad de negocios para grupos privados y en una caja de financiamiento para los estados subnacionales. El traspaso de estos corredores estratégicos se produce en un marco de intensas negociaciones legislativas donde el acompañamiento de bloques provinciales en el Congreso resulta decisivo para la agenda del Ejecutivo nacional. El intercambio de voluntades políticas a cambio del control de la caja vial expone un esquema de pragmatismo donde las rutas funcionan como moneda de cambio: la Nación se desprende de la obligación de financiar la conservación y las provincias obtienen la facultad de instalar cabinas de cobro para recaudar sobre el tránsito regional. La decisión generó fuertes suspicacias en el ámbito local e infraestructura debido a las firmas favorecidas para llevar adelante la operación de los peajes. Las miradas apuntan al favorecimiento de grupos empresarios estrechamente vinculados al poder provincial —señalados habitualmente como contratistas dilectos de la obra pública catamarqueña—, que ahora extienden su radio de acción hacia la administración del cobro directo a los usuarios sobre calzadas que fueron construidas e históricamente mantenidas con fondos nacionales. Este modelo consolidado entre la Nación y las provincias consagra un doble perjuicio para la producción y los automovilistas. Por un lado, las rutas dejan de ser un servicio público articulador del territorio para convertirse en activos comerciales orientados a garantizar la rentabilidad de las empresas concesionarias; por el otro, los usuarios pasan a pagar tarifas de circulación sin garantías previas de obras estructurales, mientras los acuerdos parlamentarios avanzan utilizando la infraestructura de todos los argentinos como herramienta de negociación política. Navegación de entradas Deterioro acelerado y traspaso de emergencia, se necesita reconstruir las rutas 22 y 151 en Río Negro La directiva de Caputo frena el traspaso de rutas a Neuquén: transferencia de costos sin reconocimiento de inversión
