Deterioro acelerado y traspaso de emergencia, se necesita reconstruir las rutas 22 y 151 en Río Negro

La severa degradación de las rutas nacionales 22 y 151 aceleró el proceso de transferencia de ambas trazas al ámbito provincial en Río Negro, en el marco de una crisis de infraestructura que demanda intervenciones estructurales urgentes. Los informes elaborados por los equipos técnicos que evaluaron el terreno confirmaron que el estado de la calzada superó ampliamente los niveles de mantenimiento rutinario, exigiendo la reconstrucción casi total de tramos clave para la circulación regional y el transporte de cargas.

Esta situación de emergencia obligará a la administración rionegrina a recurrir a esquemas de endeudamiento financiero de magnitud para ejecutar obras que corresponden a la jurisdicción federal. El compromiso presupuestario recaerá sobre las arcas provinciales en un contexto crítico, donde la disponibilidad de recursos locales se vuelve indispensable para afrontar los compromisos de deuda vigentes y garantizar la transitabilidad sobre corredores que resultan vitales para el desarrollo productivo de la provincia.

La urgencia del traspaso responde a la necesidad de contener los riesgos cotidianos de transitabilidad en una zona estratégica conectada con el complejo no convencional de Vaca Muerta. De la actividad en esa cuenca se proyecta el ingreso de divisas y recursos fiscales decisivos para la economía provincial y nacional en los próximos años; sin embargo, la arteria principal para el movimiento de insumos y personal técnico se encuentra hoy golpeada por un nivel de rotura que frena la dinámica económica y multiplica la siniestralidad vial.

Frente a versiones que intentan calificar el cuadro actual como el resultado de deficiencias acumuladas durante más de una década, los relevamientos técnicos de entidades especializadas como la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) señalan que el deterioro de la red caminera sufrió una aceleración inédita bajo la presente gestión nacional. La drástica parálisis del mantenimiento, la falta de bacheo y la suspensión de las obras de conservación preventiva provocaron una degradación acelerada del asfalto en un plazo récord, derivando en una crisis que ahora el Estado provincial debe asumir financiera y operativamente.