Un fallo judicial que sienta un peligroso precedente sobre el abandono de las rutas

La Justicia volvió a fallar contra la Dirección Nacional de Vialidad al condenar al organismo por los daños y perjuicios ocasionados por el deplorable estado de conservación de la red vial nacional. La sentencia, dictada a partir del siniestro sufrido por un automovilista que impactó contra un bache de grandes dimensiones, dejó en evidencia las graves consecuencias legales, patrimoniales y humanas que genera la paralización del mantenimiento caminero en todo el territorio argentino.

Más allá del caso puntual, la resolución sienta un precedente sumamente grave a escala nacional. En un contexto donde la falta de inversión y el abandono de las tareas básicas de conservación se han profundizado en las rutas de todo el país, este tipo de decisiones judiciales abre la puerta a una ola masiva de demandas por parte de cientos de damnificados que sufren a diario roturas de vehículos, accidentes graves o pérdidas de vidas debido al deterioro del asfalto.

El aspecto más crítico de esta doctrina judicial radica en la distribución de las responsabilidades financieras. El marco legal vigente establece que la obligación indemnizatoria recae de manera directa sobre las arcas de la Dirección Nacional de Vialidad y, en última instancia, sobre el Tesoro Nacional. De este modo, las abultadas sumas destinadas a cubrir los resarcimientos económicos serán solventadas por la totalidad de la sociedad a través del pago de sus impuestos, transfiriendo el costo del deterioro estatal a los propios ciudadanos.

Esta arquitectura jurídica permite que los funcionarios públicos que por acción u omisión incumplieron con sus deberes de mantenimiento, fiscalización y prevención del patrimonio vial queden al margen de la cobertura del daño económico. Mientras la falta de gestión y el desinterés por cumplir con las normativas de conservación vial se trasladan como una pesada carga financiera sobre el presupuesto público que pagamos entre todos, las máximas autoridades responsables del abandono caminero quedan exentas de responder con sus patrimonios personales ante la Justicia.