Más peajes y menos asistencia en la nueva Red Federal de Concesiones Viales

Un informe técnico advirtió que la reestructuración de las rutas nacionales por más de nueve mil kilómetros sumará 108 puntos de cobro en todo el país, pero solo dispondrá de 29 móviles para atender a los usuarios, reduciendo la seguridad vial a una unidad cada trescientos trece kilómetros.

La implementación de la Red Federal de Concesiones Viales plantea un cambio radical para la circulación por la infraestructura estratégica argentina, al trasladar la operación, el mantenimiento y el diseño de las trazas de una gestión estatal centralizada a dieciséis operadores privados por un plazo de veinte años. Un relevamiento con datos oficiales sistematizados expuso que el nuevo diseño contractual multiplica las cabinas y pórticos automáticos bajo los sistemas TelePASE y Free Flow, mientras recorta de forma drástica los recursos asignados a la protección, el auxilio y la seguridad de los automovilistas.

La marcada disparidad en la cobertura se evidencia al comparar el esquema anunciado con la operatividad que registraba la empresa estatal Corredores Viales hacia diciembre de 2022. En aquel período, la flota oficial contaba con 86 patrullas para cubrir una extensión aproximada de seis mil kilómetros, lo que garantizaba una presencia promedio de un vehículo de asistencia cada setenta kilómetros. En la nueva configuración privada, la disponibilidad se contrae a menos de un tercio para una red significativamente más amplia, diluyendo la capacidad de respuesta ante emergencias, siniestros o desperfectos mecánicos sobre las carreteras.

El documento señala además que el proceso licitatorio contempla la transferencia patrimonial de activos y rutas sin la exigencia de un inventario público auditado entre las gestiones salientes y las firmas entrantes. A esta falta de control sobre los bienes operativos y el pavimento de recuperación se suma la eliminación de la convalidación técnica centralizada que ejercía la Dirección Nacional de Vialidad. De este modo, los criterios de ingeniería, la calidad de los materiales y la definición de las obras de conservación quedan delegados a las decisiones individuales de cada concesionario, perdiéndose la uniformidad de estándares en la red.