La contracción del gasto público nacional sobre la infraestructura básica sumó en la provincia de Misiones un ejemplo contundente sobre los alcances del recorte presupuestario en el interior del país. Según informes técnicos elaborados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, los recursos ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad en suelo misionero sufrieron un desplome real del sesenta y seis coma ocho por ciento entre los ejercicios 2023 y 2025, al pasar de ochenta y cinco mil ochocientos millones de pesos a solo veintiocho mil quinientos millones expresados a valores constantes. Esta drástica reducción de partidas derivó en un deterioro acelerado de la red nacional en la región de la Mesopotamia y precedió a la decisión de la administración central de transferir la operación de las carreteras al sector privado. El diagnóstico de desinversión se corrobora en las estimaciones del Instituto Argentina Grande, cuya metodología de cálculo reveló que la capacidad equivalente para realizar tareas de conservación y mantenimiento en Misiones se redujo en un sesenta y cuatro coma ocho por ciento en el mismo período, alcanzando para cubrir únicamente setecientos cuarenta y un kilómetros sobre los más de dos mil que podían atenderse dos años atrás. El ajuste en la jurisdicción norteña se encuadra en una dinámica nacional donde las partidas específicas para el mantenimiento de rutas cayeron un sesenta por ciento en todo el país, mientras que los fondos destinados a construcciones viales sufrieron una tijereta del setenta y cinco por ciento, ubicando la inversión ejecutada por el organismo vial en su punto más bajo de las últimas dos décadas. En paralelo a la retirada del financiamiento estatal, el Ministerio de Economía de la Nación formalizó la adjudicación por veinte años del denominado Tramo Noreste de la Red Federal de Concesiones a un consorcio privado. La transferencia comprende más de cuatrocientos cincuenta kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105, e impone un esquema de financiamiento sostenido exclusivamente por el cobro de tarifas a los usuarios. La reconfiguración del servicio contempla la continuidad de los peajes existentes y dispone la instalación de una nueva plaza con tecnología automática sin barreras a la altura de Puerto Rico, elevanzo a cuatro los puntos de cobro operativos dentro del territorio misionero. La creación de la nueva estación de peaje despertó un inmediato rechazo por parte de las autoridades provinciales, intendentes y cámaras del sector productivo. Desde la gobernación misionera objetaron la imposición de nuevos costos sobre la circulación local en un tramo donde la ruta doce funciona como una arteria urbana e interurbana indispensable para el traslado diario de trabajadores, la conexión de servicios esenciales y el transporte de la producción regional. El contrapunto expone la tensión entre el modelo nacional enfocado en trasladar el costo operativo de la infraestructura a los usuarios y la exigencia de las provincias para que se garanticen condiciones de transitabilidad seguras antes de avanzar con la aplicación de nuevas cargas tarifarias. Navegación de entradas La tijera presupuestaria que paralizó la Región Centro Los nuevos dueños de las rutas y el negocio millonario de la Red Federal de Concesiones
