La tijera presupuestaria que paralizó la Región Centro

El desplome de la inversión nacional sobre la infraestructura vial dejó de ser un debate abstracto de planillas financieras para convertirse en una realidad peligrosa sobre el asfalto. Las cifras del Ministerio de Economía de la Nación confirman un proceso de desinversión acelerado que golpea con especial dureza a las provincias del interior productivo.

En ese contexto, el caso de Córdoba expone con crudeza la magnitud del ajuste: en el último período, el gasto ejecutado por Vialidad Nacional en suelo cordobés sufrió una contracción real superior al setenta por ciento, desmoronándose de más de 115 mil millones de pesos a una partida marginal que apenas supera los 32 mil millones.

La drástica amputación de partidas presupuestarias provocó la parálisis inmediata de obras clave para la conectividad del centro del país. Rutas estratégicas como la novena, la diecinueve, la treinta y cinco y la ruta nacional ciento cincuenta y ocho —columna vertebral del flujo del Mercosur— presentan hoy frentes de obra completamente abandonados, maquinarias detenidas y un deterioro progresivo que amenaza la seguridad de quienes las transitan a diario.

La falta de bacheo profundo, la ausencia de sellado de fisuras y la postergación indefinida de las repavimentaciones proyectadas comenzaron a pasar factura, acelerando la deformación de las calzadas bajo el peso constante del transporte de carga.

El escenario cordobés no representa un hecho aislado, sino que dialoga de forma directa con la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe y el resto de las jurisdicciones agroexportadoras. Mientras las arcas nacionales continúan percibiendo diariamente las recaudaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos, los recursos destinados por ley a la conservación y ampliación de la red nacional permanecen retenidos en el Tesoro Nacional para sostener los márgenes del equilibrio fiscal.

Esta brecha entre la masa de fondos aportada por los usuarios en los surtidores del interior y la devolución en obras generó un estado de emergencia vial que ya debió ser judicializado en diversos departamentos y que obligó a los municipios a absorber costos operativos con recursos propios para atender la siniestralidad recurrente.

Frente a la retirada definitiva de la ejecución estatal, la respuesta de la administración central se concentra en acelerar la transferencia de los corredores viales hacia el sector privado. La adjudicación del denominado Tramo Centro marca el inicio de un proceso en el que las correcciones de trazados y la puesta en valor iniciales correrán por cuenta de consorcios privados. Este esquema trasladará el costo directo del mantenimiento a los usuarios mediante la instalación de un nuevo tejido de plazas de cobro y estaciones con lectura automática.

Sin embargo, en el período de transición que demandará el montaje tecnológico y la concreción de las reparaciones prioritarias, la red vial del corazón productivo argentino continuará operando bajo las condiciones de un severo déficit de infraestructura que condiciona de manera directa la competitividad de las economías regionales.