La tensión política y legislativa por el estado crítico de la Red Vial Nacional suma un nuevo capítulo en el Congreso de la Nación. Diversos bloques de la oposición impulsan pedidos de interpelación contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a raíz de la subejecución presupuestaria del Sistema Vial Integrado (SisVial) y el presunto desvío de partidas recaudadas mediante la Tasa sobre el Gasoil. El reclamo parlamentario busca obligar al titular de la cartera económica a rendir cuentas ante los legisladores por el destino de recursos que, por ley, debían aplicarse de manera exclusiva a la conservación, mantenimiento y obras de infraestructura en las rutas federales. La iniciativa cobra impulso en simultáneo con las acciones iniciadas en sede judicial, donde ya se radicó una denuncia penal por la posible malversación de más de $1,5 billones que habrían sido derivados a instrumentos financieros en lugar de ejecutarse en obras viales. Desde los distintos espacios opositores sostienen que el Estado nacional no puede continuar reteniendo partidas de afectación específica fijadas por el Decreto 976/2001, mientras los corredores nacionales sufren un acelerado deterioro estructural que incrementa los índices de siniestralidad. Exigencia de explicaciones y amparos en marcha En los fundamentos de las presentaciones legislativas se remarca el impacto que esta parálisis de la obra pública genera en las economías regionales y en las propias arcas provinciales. Legisladores de distintas provincias denunciaron que, ante la inacción y el desfinanciamiento del Gobierno central, varias jurisdicciones se vieron obligadas a volcar fondos propios para reparar tramos de rutas nacionales abandonados, exigiendo que la administración central aclare el destino de la masa de recursos previamente tributados por los contribuyentes con ese fin específico. En paralelo a los pedidos de interpelación, diputados y dirigentes opositores han avanzado con la presentación de amparos colectivos ante la Justicia Federal para frenar la subejecución del fideicomiso vial administrado por el Banco Nación y exigir la inmediata reactivación de las tareas de mantenimiento preventivo. De prosperar la citación en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía deberá responder sobre la cadena de decisiones presupuestarias que mantiene paralizadas las obras estratégicas del país y explicar el criterio de asignación de los fondos viales retenidos. Navegación de entradas Denuncia penal contra Caputo y autoridades viales por el presunto delito de estrago Del centralismo a la autonomía forzada: cómo las provincias asumen la gestión de las rutas nacionales