Fuerte rechazo gremial al nuevo protocolo de llaves

El Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del 7º Distrito Santa Fe rechazó formalmente una comunicación interna de la administración que establece un nuevo procedimiento para el retiro, uso, transferencia y devolución de las llaves de los vehículos oficiales.

La organización gremial cuestionó las competencias de las áreas involucradas, advirtió sobre un posible vaciamiento del Distrito y reclamó que la medida sea dejada sin efecto.

La administración de Vialidad Nacional dispuso un nuevo mecanismo para el retiro, uso, transferencia y devolución de las llaves de los vehículos oficiales, a través de una comunicación interna emitida el 5 de agosto por la Sección Servicios de Apoyo.

La medida establece un circuito centralizado para la custodia y entrega de las llaves y fue rechazada formalmente por el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional – 7º Distrito Santa Fe.En una presentación dirigida al director del Distrito, el gremio impugnó en todos sus términos la comunicación y sostuvo que la implementación unilateral del denominado “Protocolo para el Retiro, Uso, Transferencia y Devolución de Llaves de Vehículos Oficiales” modifica las condiciones de trabajo y vulnera las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo N° 874/07 “E”.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al área designada para custodiar y controlar el parque automotor. Según el sindicato, la oficina de “Licitaciones y Compras” no posee competencias técnicas, operativas ni funcionales para asumir esa responsabilidad. La organización señaló que históricamente el control vehicular corresponde a áreas de servicios o subdivisiones específicas vinculadas con esa tarea.

El gremio también expresó preocupación por la decisión de centralizar las llaves de las unidades operativas en esa dependencia. Advirtió que la medida podría formar parte de un proceso de “desguace y vaciamiento” del 7º Distrito y planteó que la concentración de los vehículos podría anticipar un proceso de venta de unidades.

Para el sindicato, esto implicaría quitar herramientas de trabajo al personal y reducir la presencia efectiva de Vialidad Nacional en las rutas santafesinas.

Otro de los cuestionamientos está dirigido a la autoridad que emitió la comunicación. La organización sostuvo que el funcionario firmante se encuentra transitoriamente a cargo de una sección y que, por esa condición, no tendría facultades jerárquicas ni competencias legales para establecer disposiciones obligatorias dirigidas a otras jefaturas del Distrito.El sindicato planteó además que cualquier modificación de las condiciones operativas debe ser discutida en el marco de la Comisión Paritaria Local.

En ese sentido, consideró que la aplicación unilateral del protocolo vulnera los mecanismos de consulta previstos en el convenio colectivo y los principios de buena fe en las relaciones laborales.La presentación también advierte sobre las consecuencias prácticas del nuevo circuito.

Para la organización gremial, obligar a los agentes viales a retirar las llaves mediante un procedimiento burocrático centralizado podría dificultar la respuesta ante emergencias, contingencias climáticas, cortes de rutas u otras situaciones que requieran una intervención inmediata, con posibles consecuencias sobre la seguridad vial.

Finalmente, el sindicato cuestionó los mecanismos previstos para determinar responsabilidades y advirtió que algunos puntos del protocolo podrían derivar en sanciones disciplinarias y en la atribución de responsabilidades patrimoniales al último agente que figure registrado. Frente a esto, reclamó dejar sin efecto la comunicación del 5 de agosto, suspender definitivamente la aplicación del protocolo y convocar a una reunión urgente para que la Dirección aclare el destino de las unidades viales y garantice que no se avanzará con planes de venta o vaciamiento.

La organización sindical advirtió que, de no obtener respuestas, recurrirá ante la Secretaría de Trabajo, la sede central de Vialidad Nacional y los organismos de control correspondientes, además de reservarse el derecho de adoptar medidas de acción directa y movilización en defensa de las fuentes de trabajo.