Desregulación vial y polémica: El Gobierno habilita mayor peso para camiones en rutas paralizadas por la falta de mantenimiento

A través del Decreto 689/2026, firmado por el Ejecutivo Nacional e impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Gobierno modificó el régimen de pesos y dimensiones para el transporte de cargas en todo el territorio nacional. La medida incrementa los límites de tonelaje permitidos por eje, habilita nuevas longitudes máximas para unidades con semirremolque simple (hasta 19,60 metros) y libera la circulación de bitrenes de doble articulación de gran porte en configuraciones de hasta 31,25 metros. Desde la cartera oficial se argumentó que el objetivo de la norma es bajar los costos logísticos, aumentar la capacidad de carga por viaje y equiparar las mediciones operativas con los estándares de Brasil y el Mercosur.

Sin embargo, la medida generó un inmediato rechazo en el ámbito técnico, sindical y de las administraciones viales provinciales, al implementarse en un contexto de virtual paralización de la obra pública y con una retracción histórica en las partidas de mantenimiento preventivo. Cuadros técnicos y representantes del sector advierten sobre la contradicción de incrementar el peso de los vehículos de transporte pesado sobre calzadas que ya presentan deformaciones, baches y ahuellamientos severos. La falta de bacheo y reencarpetado —sumada a la subejecución de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial)— accelera el colapso de las bases estructurales del pavimento ante el impacto de cargas más pesadas.

Desde las carteras de Transporte subnacionales y los gremios viales se remarcó que el aumento del tonelaje en rutas deterioradas incrementa exponencialmente el riesgo de siniestralidad vial. La mayor masa transportada exige superiores distancias de frenado, altera la dinámica de giro en los cruces e incrementa el desgaste prematuro de los neumáticos y componentes de los propios vehículos de carga. Funcionarios viales indicaron que el pretendido «ahorro logístico» anunciado por el Gobierno central terminará licuándose por los sobrecostos en roturas mecánicas, demoras operativas y, fundamentalmente, por el costo humano de accidentes sobre trazas sin señalización ni conservación adecuada.

Para los trabajadores y profesionales de la infraestructura vial, la decisión de desregular los máximos de carga sin destinar financiamiento presupuestario a la conservación de la Red Vial Nacional expone un grave desfasaje en la gestión del sistema de caminos. Permitir la circulación de unidades de mayor porte sobre una red caminera en estado crítico constituye una medida insostenible que traslada el deterioro del patrimonio público al usuario común y pone en jaque la conectividad física de los corredores productivos de todo el país.

Para complementar la información sobre la controversia entre la subejecución presupuestaria, el estado de la red federal y las desregulaciones del tonelaje, podés ver el análisis periodístico en Sturzenegger y Caputo bajo la lupa por las rutas nacionales, donde se detalla el impacto operativo y financiero de estas medidas sobre la infraestructura vial.