Vialidad Nacional ejecutó solo un tercio de sus recursos y Buenos Aires sufrió un recorte del 85,4%

Un informe elaborado por el área de Economía del Instituto Argentina Grande (IAG), a partir del cruce de datos oficiales de ARCA, Presupuesto Abierto y el Consejo Vial Nacional, reveló una profunda asimetría entre la recaudación impositiva vial y la inversión real en infraestructura. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) registró una suba nominal del 1.265% —superando ampliamente la inflación del 320% en el mismo período—, pasando de representar el 8,9% del precio de la nafta súper en surtidor al 19,25%. Sin embargo, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecutó apenas el 33% de los fondos asignados por este tributo, subejecutando una masa de recursos por 1,35 billones de pesos.

El saldo no ejecutado por la administración central equivale al costo de mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de la Red Vial Nacional. En la provincia de Buenos Aires, que abarca 4.675 kilómetros de traza federal, la masa de recursos que la DNV dejó sin utilizar habría alcanzado para cubrir casi dos veces la totalidad de sus corredores nacionales. En términos absolutos, el gasto total devengado por el organismo cayó un 71% real entre 2023 y 2025, ubicándose en mínimos históricos comparables únicamente con la crisis de los años 2001 y 2002. En el primer semestre de 2026, las partidas volvieron a contraerse un 42% interanual.

La provincia de Buenos Aires se consolidó como el distrito más castigado por la parálisis de las obras nacionales. El informe precisó que el territorio bonaerense concentró un recorte del 85,4% real en el gasto en obras de la DNV entre 2023 y 2025, un retroceso 14,4 puntos porcentuales superior al promedio nacional y por encima de otros centros productivos como Santa Fe (-75,8%) y Córdoba (-72,3%). Este ajuste presupuestario tiene un impacto directo sobre la seguridad vial: según datos de Fepevina y el IAG, entre el 65% y el 70% de la red vial nacional presenta condiciones regulares o deficientes, ubicándose los mayores niveles de deterioro bonaerense en los corredores estratégicos de las rutas nacionales 3, 5, 7 y 33.

El sobrecosto de esta parálisis operativa no solo compromete la integridad física de los usuarios, sino que penaliza la competitividad de una provincia que genera el 36,4% de las exportaciones del país. Mientras que el IAG estima que reconstruir la red deteriorada costaría más de 40.700 millones de dólares —entre cinco y siete veces más caro que aplicar un mantenimiento preventivo a tiempo—, el usuario sostiene un esquema de triple imposición. Para las entidades del sector y los trabajadores viales, la subejecución del ICL evidencia que el ajuste fiscal se ejecuta mediante el abandono directo de las rutas troncales que sostienen el aparato productivo nacional.