El Gobierno nacional aprobó un nuevo organigrama para la Dirección Nacional de Vialidad que desplaza el foco histórico de la ingeniería y la construcción hacia la gestión de litigios, el control financiero y la supervisión de privatizaciones. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) atraviesa una transformación estructural que marca un quiebre respecto de su función histórica. A través de una reestructuración interna impulsada por la gestión de Javier Milei, el organismo encaró una reorganización administrativa pensada para un escenario de privatizaciones, rescisión de obras públicas y eventual judicialización de contratos. El reordenamiento se da en un contexto crítico para la infraestructura vial del país. Según un relevamiento presentado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), el 70% de la red vial argentina se encuentra en estado malo o regular. Desde el sector gremial advierten que los cambios en el organigrama profundizan el desmantelamiento técnico para facilitar el traspaso de las rutas a manos privadas. Históricamente, el núcleo de Vialidad Nacional estuvo centrado en sus áreas técnicas: proyectos, ejecución de obras, laboratorios y conservación vial. Sin embargo, en el nuevo esquema cobran un protagonismo inédito dependencias como la Gerencia Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la de Administración y Finanzas y las áreas de Auditoría Interna. Dentro de la estructura legal se crearon dos subgerencias clave: Dictámenes y Asesoramiento Legal y Asuntos Contenciosos. Esta última tendrá la tarea exclusiva de coordinar la estrategia en tribunales, responder oficios y evaluar contingencias judiciales. La medida responde de manera directa a la coyuntura actual del sector, atravesada por la paralización de la obra pública, la rescisión de contratos, el reclamo de constructoras por certificados impagos y las renegociaciones de concesiones. El nuevo diseño del organismo pone un fuerte énfasis en la auditoría y el control presupuestario mediante dependencias articuladas directamente con la SIGEN. El objetivo central pasa a ser el monitoreo del gasto, la asignación de fondos y el mapa de riesgos administrativos. Incluso en las dependencias operativas se observa un giro: la Subgerencia Técnica Operativa quedó delimitada al mantenimiento y administración de los bienes propios de la DNV (edificios, flota vehicular e infraestructura interna), desvinculándose de la conservación directa de las calzadas. En la práctica, la planificación, proyección y construcción de nuevas rutas prácticamente desaparecieron de los primeros niveles de prioridad del organigrama. El giro ratifica el proceso de retirada del Estado nacional en la infraestructura pública federal, reconfigurando a Vialidad como un ente administrador y supervisor de contratos privados. Navegación de entradas Tarifazo en el enlace Victoria-Rosario con subas de hasta un 970% Radiografía del colapso vial: subejecución presupuestaria, pérdida de técnicos y fondos clave desviados
