El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) cruzó duramente el esquema de concesiones del Gobierno nacional. Alertan por tarifas que podrían duplicarse o triplicarse sin la contraprestación de obras estructurales como autovías, trasladando un fuerte sobrecosto a la producción y a los usuarios locales. El nuevo esquema de licitaciones y concesiones viales impulsado por la Administración central sumó una fuerte polémica en el litoral argentino. Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) encendieron las alarmas al denunciar que el plan oficial prevé la proliferación de cabinas de cobro sobre la Ruta Nacional N° 11, alcanzando un promedio de cinco estaciones de peaje en un tramo de apenas 500 kilómetros entre las provincias de Santa Fe y Chaco. El cuestionamiento central de la entidad representativa de los usuarios apunta a la falta de inversiones reales en infraestructura. Según remarcaron, el modelo propuesto se limita a ampliar la red de recaudación sin contemplar obras de envergadura indispensables para el corredor —como la transformación en autovía o autopista—, reduciendo las intervenciones a tareas mínimas de conservación que no resuelven la peligrosidad de la calzada. A la multiplicación de las estaciones de cobro se le suma el impacto tarifario: desde el CONADUV advierten que los cuadros tarifarios proyectados podrían duplicar o triplicar los valores actuales. Este incremento no solo afectará de manera directa el bolsillo de los automovilistas y trabajadores que transitan a diario entre ambas provincias, sino que se trasladará de forma inmediata a los costos del transporte de cargas, encareciendo la logística regional y repercutiendo en el precio final de los alimentos y productos de la cadena productiva.Tarifas de primer mundo para rutas en abandono El reclamo del CONADUV pone de relieve una contradicción persistente en la política vial del país: el intento de imponer un sistema de cobro directo al usuario sobre trazas que presentan graves deficiencias de seguridad, hundimientos y falta de mantenimiento preventivo. «Es prioritario ejecutar las obras de seguridad vial necesarias y recuperar el estado de las rutas antes de pensar en montar un esquema de cobro», sostienen desde la organización de usuarios, enfatizando que la infraestructura pública no puede concebirse únicamente como una caja de recaudación privada. Esta situación sobre la Ruta 11 se enmarca en un escenario crítico a nivel federal. Mientras la Nación paraliza la inversión directa y delega el costo operativo en los usuarios a través de peajes encarecidos o mediante transferencias de costos a los presupuestos provinciales —como el caso de la Ruta A012 en Santa Fe o la cautelar judicial sobre la Ruta 3 en Buenos Aires—, el déficit en seguridad vial sigue creciendo sobre las principales trazas productivas del país. Navegación de entradas Empresarios bonaerenses reclamaron por el deterioro de las rutas y Vialidad confirmó que no habrá obra pública estatal Tarifazo en el enlace Victoria-Rosario con subas de hasta un 970%
