Traspaso de la A012: Santa Fe se hace cargo de una ruta nacional sin exigir los fondos del impuesto a los combustibles

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el convenio por 20 años para asumir la traza con fondos propios. Mientras el ministro Lisandro Enrico reconoce que Nación retiene la recaudación específica de infraestructura vial, la gestión provincial prioriza abaratar costos al sector agroexportador. Crece el rechazo opositor y gremial ante una operación calificada de gravosa.

En un hecho calificado de «inédito» por el propio Ejecutivo provincial, Santa Fe formalizó ante la Casa Rosada la transferencia de la Ruta Nacional A012 por un plazo de 20 años. Mediante este acuerdo, la Provincia asumirá de forma exclusiva la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre un corredor estratégico de la red vial nacional, absorbiendo con recursos locales los costos que le corresponden a la Administración central.

Sin embargo, el traspaso deja al descubierto una marcada asimetría en las exigencias hacia el Gobierno nacional. Pese a que el propio ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, denunció en declaraciones radiales que la Nación paralizó la obra pública y «retiene la totalidad de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) sin girar un solo peso para el mantenimiento de trazas viales», la gestión santafesina firmó el acuerdo sin exigir la devolución ni el reparto de esa caja millonaria que aportan a diario los conductores locales.

Las primeras intervenciones, adjudicadas a la empresa Pose por más de 5.000 millones de pesos, prevén trabajos de bacheo, sellado de grietas y luminarias. No obstante, el financiamiento de estas obras saldrá de recursos propios obtenidos mediante créditos internacionales asumidos por la Provincia, según confirmó el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares.

La fundamentación del traspaso por parte de las autoridades provinciales volvió a poner el foco en la competitividad corporativa. Tras la firma del convenio en Casa Rosada junto a funcionarios nacionales, el gobernador Maximiliano Pullaro —acompañado por el ministro Enrico y la diputada Gisela Scaglia— centró el valor de la medida en «abaratar los costos logísticos para fortalecer el sistema productivo de la provincia invencible de Santa Fe y mejorar la competitividad de la Argentina», agilizando el tránsito de los más de dos millones de camiones que ingresan anualmente al complejo agroexportador del Gran Rosario. Esta mirada, enfocada en el beneficio operativo de las terminales portuarias, contrasta con la falta de respuestas frente al riesgo cotidiano que sufren los usuarios particulares en trazas destruidas.

Reclamos y advertencias por el costo presupuestario

El anuncio comenzó a generar inmediatas réplicas en el arco político opositor y en el ámbito vial santafesino, con análisis replicados en medios provinciales como Rosario3, La Capital y Política de Santa Fe.

Desde sectores legislativos de la oposición y referentes del sector de la infraestructura vial se levantaron voces de alerta por lo que consideran un pésimo antecedente financiero. Los cuestionamientos apuntan a que la Casa Rosada convalida un doble ajuste sobre las arcas santafesinas: desmantela la presencia de la Dirección Nacional de Vialidad en la región mientras absorbe los impuestos nacionales a los combustibles.

«Se le está haciendo un favor fiscal a la Nación a costa del presupuesto de todos los santafesinos, asumiendo pasivos viales multimillonarios sin exigir la partida presupuestaria que por ley le corresponde a la infraestructura», advierten voces críticas desde la legislatura provincial. Asimismo, remarcan que subsidiar la logística portuaria mediante el endeudamiento provincial distorsiona las prioridades públicas en un contexto de fuerte deterioro de la red vial del interior y de crecientes necesidades edilicias y operativas en las trazas locales.

Al asumir las competencias de la A012 con financiamiento propio y con la prioridad puesta en la rentabilidad de las cargas, la provincia sienta un antecedente donde la Nación se desentiende de sus responsabilidades constitucionales, retiene los impuestos específicos de los ciudadanos y delega en el presupuesto provincial las obras de mantenimiento indispensable.