La Cámara Federal de Mar del Plata revocó un fallo de primera instancia y dio lugar a la cautelar del Municipio de Azul. La Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A. deberán presentar un plan urgente de obras ante el peligro inminente para los usuarios entre Azul y Cacharí.

La discusión por la parálisis de la obra pública y el grave deterioro de la red vial nacional sumó un antecedente judicial de peso en la provincia de Buenos Aires. La Cámara Federal de Mar del Plata revocó una decisión de primera instancia e hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Municipalidad de Azul, ordenando al Estado nacional ejecutar acciones urgentes para garantizar condiciones mínimas de seguridad sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une la cabecera distrital con la localidad de Cacharí.

La resolución judicial alcanza de manera directa a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la empresa estatal Corredores Viales S.A., a quienes se les exige la presentación formal de un plan de trabajo y el inicio inmediato de intervenciones de reparación, mientras se sustancia el trámite de la causa de amparo principal.

El pronunciamiento del tribunal de alzada dejó sin efecto lo actuado previamente por el Juzgado Federal N° 2 de Azul, que había rechazado inicialmente la medida cautelar. Para los camaristas, los elementos recabados en la causa acreditan de forma contundente la existencia de un riesgo actual y severo para la integridad física de miles de conductores y trabajadores que transitan a diario por el corredor.

Entre las pruebas clave incorporadas al expediente figuran informes técnicos elaborados por la Policía Federal Argentina (PFA), los cuales describen un cuadro crítico en la calzada: baches de gran tamaño, deformaciones y hundimientos estructurales provocados por el tránsito pesado, huellas profundas y una deficiente señalización vial.

El fallo cobra especial trascendencia institucional en un escenario atravesado por el fuerte deterioro de las trazas del interior y el incremento estacional del flujo vehicular. Asimismo, sienta un precedente de contralor judicial frente al desentendimiento de la Administración central sobre sus responsabilidades operativas y de mantenimiento de la infraestructura nacional.

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