Hace pocos días dialogaba con una radio de Santa Fe sobre una realidad que los trabajadores de Vialidad Nacional venimos padeciendo hace más de un año y medio, pero que la sociedad empieza a sentir cada vez más fuerte en el día a día: el abandono sistemático de la red vial argentina no es un accidente, es una política de Estado. El informe de la Federación de Sindicatos del Personal Vial da cifras contundentes: el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado malo o irregular. Pero la palabra «malo» resulta casi simpática cuando uno recorre la Ruta 11, la 33, la A012 o los tramos de la 34 que se están desmoronando ante los ojos de quienes transitan. Los baches no son una anécdota: son la norma. El pasto alto en la circunvalación de la Ruta 168 no es un descuido estacional: es la consecuencia de una licitación centralizada en Buenos Aires que llega una o dos veces por año, muchas veces en pleno verano, cuando el problema ya está desbordado. Y cuando nuestros compañeros salen a tirar material en la calzada, saben que están aplicando un «parche tonto» que no resistirá la próxima lluvia. Pero es lo único que tienen. Destruir es cruelmente fácil. Reconstruir es una deuda plantada a futuro. El gobierno nacional llegó con una consigna clara: obra pública cero. Lo que no dijeron —o sí lo dijeron, pero pocos quisieron escuchar— es que «cero» no significa solamente no construir puentes ni rutas nuevas. Significa no mantener lo existente. Y cuando dejas de mantener una red vial de más de 38 mil kilómetros, no estás haciendo ajuste fiscal: estás ejecutando un plan de demolición lenta. En los últimos meses, Vialidad Nacional perdió más de 600 trabajadores entre retiros voluntarios, jubilaciones y despidos encubiertos. En Santa Fe, donde antes contábamos con una estructura ya de por sí insuficiente, hoy quedan entre 130 y 150 compañeros para atender los tramos más críticos del centro del país. No hay ropa de trabajo hace dos o tres años. Los elementos de seguridad se compran una vez al año cuando deberían ser dos. Los procesos de adquisición de material asfáltico están caídos o dando vueltas sin resolución en un sistema burocrático que parece diseñado para no funcionar. No es la primera vez que intentan resolver las rutas con magia privatizadora. El modelo de Participación Público-Privada del macrismo dejó ganancias millonarias en manos de un puñado de empresas que pocos pueden nombrar, rutas caras y mal mantenidas, y una deuda que el país sigue pagando. Los nombres de los beneficiarios no ocuparon los titulares. Los sobreprecios, sí, pero en letra chica. Y ahora, en pleno vaciamiento, aparece el Decreto 253 y el fantasma del «federalismo de concesiones»: trasladar las rutas nacionales a las provincias para que estas las administren, muchas veces a través de peajes. La provincia de Santa Fe muestra cautela, y con razón: las bases y condiciones no están claras. Pero más allá de los detalles contractuales, hay una pregunta incómoda que nadie responde: ¿qué pasa con los empleados de Vialidad Nacional? ¿Qué pasa con el conocimiento acumulado durante décadas, con las cuadrillas que saben cada curva, cada badén, cada tramo propenso a inundarse? ¿Qué pasa con el federalismo real, el que distribuye equitativamente los recursos, cuando se entregan rutas estratégicas a provincias que luego deberán financiar su mantenimiento cobrando a quienes circulan? Los peajes no son la solución. Esta historia ya la vivimos. No hace falta ser adivino del futuro para saber cómo termina: las concesiones de los noventa dejaron un legado de rutas caras, mal mantenidas y con contratos onerosos que el país sigue pagando. La historia argentina tiene memoria. Ignorarla no es pragmatismo, es cinismo. Pero hay algo más urgente, más inmediato, que nos obliga a hablar hoy: se vienen las lluvias. Todos los servicios meteorológicos lo anuncian. Una temporada complicada, con caída de aguas abundante. Y cuando el agua se filtra en las fisuras abiertas, cuando los baches se convierten en pozos invisibles bajo el encharcamiento, cuando la carpeta asfáltica que no fue sellada a tiempo se desmorona bajo el peso de un camión cargado, la magra estructura que queda no podrá contener el desastre. No queremos ser pájaros de mal agüero, pero tampoco podemos hacernos los distraídos ante lo que se anuncia. «Obra pública cero» es, en definitiva, una política que pone en riesgo vidas. El deterioro de las rutas se traduce en accidentes evitables, en familias destrozadas, en una cotidianeidad donde transitar dejó de ser un derecho para convertirse en una ruleta rusa. Porque la única vía que llega al puerto es la ruta. Y si la ruta se destruye, se destruye también la economía de las provincias que la atraviesan. No nos quedamos callados. Y sabemos que algo va a cambiar. Hoy las rutas y nosotros estamos en el minuto 78, con el marcador en contra, sin señales claras de que el rumbo vaya a cambiar desde arriba. Pero nosotros, los que sabemos lo que es resistir, los que aprendimos de nuestros mayores lo que fue defender Vialidad en los ’90, los que todavía salimos con lo poco que tenemos a dar transitabilidad a quien pasa, llevamos adentro esa misma certeza. No sabemos cómo. No hay nada que nos muestre que se pueden cambiar las cosas. Pero algo adentro nos hace saber que vamos a salir adelante. Y cuando llegue ese momento, que va a llegar, cuando volvamos a levantar la red de caminos que nos une, podremos decir que no nos quedamos de brazos cruzados. Que denunciamos. Que advertimos. Que el futuro anunciado no nos tomó por sorpresa porque elegimos mirar de frente. Que en la Resistencia está todo el hidalgo valor de la vida Pablo NasimeSecretario General del Sindicato del Personal Vial de Santa FeJulio de 2026 Navegación de entradas «El robo del siglo»: denuncian pérdidas salariales de hasta $14 millones por trabajador con Milei Paritarias en Vialidad: Acuerdan que el plus por productividad se pague de forma íntegra y sin retenciones sindicales