Mientras la Dirección Provincial de Vialidad asume tareas de mantenimiento nacional ante la falta de recursos del 7° Distrito, el debate político local expone la contradicción entre el reclamo federal y el alineamiento legislativo. La relación institucional entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y el 7° Distrito de Vialidad Nacional en Santa Fe se debate hoy entre la parálisis de la infraestructura federal y las negociaciones políticas de fondo. En los últimos meses, el estado crítico de las principales trazas nacionales que atraviesan el territorio santafesino ha forzado a la administración provincial a intervenir de manera directa para garantizar la transitabilidad elemental, desnudando serios problemas de coordinación operativa entre ambas dependencias. El caso testigo de esta asimetría administrativa se sitúa en torno al histórico Puente Carretero que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. En junio de 2026, Vialidad Nacional remitió una nota formal y abrió un expediente dirigido al Ministerio de Obras Públicas provincial informando que había detectado nuevas fallas estructurales en las juntas del tablero del viaducto nacional. Sin embargo, amparándose en una «lógica operativa» —dado que la provincia se encuentra construyendo en paralelo el nuevo puente de conexión—, el organismo nacional solicitó formalmente que sea el Estado santafesino el que se haga cargo del costo y la ejecución de estas reparaciones en la vieja estructura federal. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó el pedido a LT9 detallando la particular solicitud: «El gobierno nacional nos pide que le reparemos el puente viejo. Ellos mandaron una nota diciendo que detectaron que hay problemas, hay fallas y nos piden a la provincia que, ya que estamos trabajando acá en el puente nuevo, nos hagamos cargo de los arreglos». Por su parte el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, detalló recientemente las asimetrías administrativas que traban el trabajo conjunto. Desde la DPV confirmaron que la provincia debió proveer más de mil toneladas de asfalto caliente sin costo a Vialidad Nacional para tareas de bacheo de emergencia en corredores de jurisdicción federal. A pesar de este aporte material, la administración provincial señala que no ha logrado la firma de un convenio administrativo básico para que Vialidad Nacional preste un equipo de medición estructural que se encuentra actualmente fuera de servicio en sus depósitos. En declaraciones a UNO Santa Fe, Seghezzo expuso esta situación: «Nosotros les dimos más de mil toneladas de asfalto gratis para que reparen rutas nacionales y todavía no pudimos firmar un convenio para que nos presten un equipamiento para hacer mediciones». A pesar de este millonario aporte en materiales, la provincia lleva meses intentando firmar un simple convenio para que Nación les preste un equipo de medición estructural. Este instrumento es clave para evaluar la salud del Puente Carretero Santa Fe – Santo Tomé. Hasta el momento, solo han recibido silencio. «Ellos nos pidieron que hagamos estas reparaciones en el Carretero. Nosotros les dimos el asfalto gratis, pero todavía no logramos que nos firmen un papel para prestarnos una máquina de medir que tienen parada». https://www.airedesantafe.com.ar/santa-fe/el-puente-carretero-necesita-nuevas-reparaciones-que-trabajos-deben-realizarse La inacción de la estructura nacional suele atribuirse en la discusión pública a las directivas de recorte presupuestario dispuestas desde Buenos Aires. Sin embargo, en el plano local, el 7° Distrito tiene su propia jefatura a cargo de Gastón Bruno. El funcionario asumió con la promesa de concentrarse en el mantenimiento elemental de corredores claves. A pesar de que el mantenimiento elemental de banquinas, iluminación y bacheo básico recae bajo la órbita directa del distrito que conduce Bruno, su figura y responsabilidad institucional suelen quedar marginadas de las crónicas periodísticas y de los reclamos públicos de la Casa Gris, centralizando la confrontación en las autoridades ministeriales porteñas. Recientemente se firmó un decreto que trasladaba a la provincia la responsabilidad de la Ruta Nacional AO12, Seghezzo se mostró cauteloso debido a la falta de precisiones del Gobierno Nacional. “Existe un decreto genérico del Presidente, pero falta el convenio específico. Nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo, pero hay que ver bajo qué condiciones. Tiene que ser un ida y vuelta con Vialidad Nacional; hasta que no esté la firma, no podemos intervenir”, concluyó. https://www.lt9.com.ar/pablo-seghezzo-detallo-el-plan-de-obras-en-santo-tome-y-anuncio-obras-de-bacheo-en-rutas-provinciales Municipios y comunas ante la parálisis operativa La crisis vial en el territorio no solo golpea las cuentas provinciales. Son los intendentes y presidentes comunales quienes asumen directamente los reclamos de los vecinos ante el deterioro de rutas críticas como la 11, la 33 o la 34. Al no contar con respuestas del organismo nacional, los municipios locales deben desviar fondos de sus propias arcas para realizar tareas básicas de bacheo de emergencia, desmalezado de banquinas e iluminación de cruces urbanos para evitar siniestros. Desde hace tiempo en este sitio se detalla cómo el desfinanciamiento del 7° Distrito obliga a un esquema de mantenimiento mínimo y de emergencia que, en muchos casos, solo se ejecuta para dar respuesta formal a las medidas cautelares interpuestas por intendentes y legisladores de las zonas más afectadas.Un esquema que se repite en otras partes del país bajo las mismas lógicas con resultados dispares. Y no han faltado acciones judiciales de VN para no cumplir las sentencias judiciales. La paradoja parlamentaria de la gestión provincial y la validez del reclamo El reclamo de fondo que sostiene Santa Fe es de índole estrictamente económica y federal. Por las rutas de la provincia transita el 80% de las exportaciones agroindustriales del país rumbo a las terminales portuarias del Gran Rosario. Son millones de toneladas que deterioran el pavimento provincial y nacional de manera acelerada. Sin embargo, los miles de millones de pesos que los productores santafesinos aportan al fisco nacional en concepto de retenciones no vuelven en un mantenimiento básico de la infraestructura federal. El fuerte contrapunto verbal que sostiene la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro respecto al abandono de las rutas nacionales convive con una realidad parlamentaria compleja. Mientras los ministros provinciales reclaman obras urgentes, los representantes legislativos de la fuerza oficialista local (Unidos para Cambiar Santa Fe) acompañan de manera sistemática las principales leyes fiscales y de reforma del Estado impulsadas por la Casa Rosada. Esta dinámica revela una tensión de doble vía: en el territorio, el gobierno santafesino asume el costo político y económico del bacheo para mitigar el descontento de los usuarios viales; en el Congreso de la Nación, sus legisladores sostienen la viabilidad de un modelo de ajuste fiscal que, de manera directa, asfixia las partidas de obras y de conservación de la red federal en las provincias. Navegación de entradas Primer impacto de la privatización de rutas: las tarifas aumentaron un 19% antes del inicio de las obras El riesgo de viajar: advierten que el 70% de las rutas nacionales están en estado crítico ante las vacaciones de invierno
