El impuesto a los combustibles vuelve a subir

El esquema de actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) mantiene bajo una estricta presión operativa a toda la cadena de comercialización y transporte del país. La decisión del Ejecutivo Nacional de avanzar con el cronograma de recomposición impositiva para recuperar el valor real del tributo se tradujo en sucesivos incrementos en los surtidores de todas las banderas.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), se emitió un reporte donde se constata que las subas impositivas ya generaron una retracción sostenida en los volúmenes de venta de estaciones de servicio, marcando una migración masiva de usuarios desde combustibles premium hacia opciones súper.

La preocupación institucional por el impacto de esta carga fiscal se extiende de forma directa hacia el sector del transporte estratégico. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), a través de su Departamento de Estudios Económicos y Costos, alertó que el índice de costos del sector se disparó debido al peso relativo que el gasoil tiene en la estructura de los fletes. La entidad empresaria detalló que la imprevisibilidad en los valores en boca de expendio desarticula las tarifas de referencia, lo que afecta de manera directa la competitividad de las economías regionales que necesitan trasladar la producción hacia las terminales portuarias.

Desde la perspectiva técnico-tributaria, el eje del debate radica en el destino final del esfuerzo económico que realizan los contribuyentes en cada carga. Los cuadros técnicos del sector vial e industrial recuerdan que el espíritu original del ICL es el financiamiento directo de la infraestructura y el mantenimiento de la red federal. Por este motivo, el desvío de los fondos recaudados para cubrir el déficit de la administración central, en lugar de aplicarse a la conservación de las calzadas que desgasta el propio transporte de cargas, constituye una de las principales críticas de las comisiones directivas de las federaciones de transporte.

Finalmente, el pronunciamiento conjunto de los actores de la cadena hidrocarburífera y logística coincide en que los costos operativos han alcanzado un techo crítico. El endurecimiento de las metas de recaudación fiscal del Estado, ejecutado a través del surtidor, se produce en un escenario de recesión donde las pymes del transporte no pueden absorber nuevos aumentos sin trasladarlos a los precios de la economía familiar. Para los especialistas en planificación, la falta de una política de subsidios diferenciados o de una afectación específica de la recaudación del ICL amenaza con profundizar la parálisis de la actividad y resentir aún más los niveles de consumo interno en todo el territorio nacional.