Primer impacto de la privatización de rutas: las tarifas aumentaron un 19% antes del inicio de las obras

Las nuevas empresas concesionarias comenzaron a aplicar los incrementos en la autopista Riccheri y en las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 tras recibir la autorización del Gobierno nacional, superando el índice de inflación acumulado entre febrero y junio.

La primera consecuencia concreta del proceso de privatización y entrega de corredores viales bajo el sistema de concesiones impulsado por la administración de Javier Milei ya se siente de manera directa en el bolsillo de los automovilistas y transportistas del país. Las nuevas empresas concesionarias que asumieron el control operativo de la autopista Riccheri y de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 comenzaron a cobrar el peaje con un incremento del 19%. La medida generó una inmediata e intensa polémica en el sector de los usuarios viales debido a que el ajuste tarifario fue autorizado formalmente por el Gobierno nacional antes de que las firmas adjudicatarias ejecuten cualquier tipo de obra de fondo, bacheo estructural o mejora en la seguridad de los respectivos corredores.

El reajuste de las tarifas presenta una particularidad estadística que profundiza el debate sobre el nuevo esquema de gestión pública y privada. El incremento dispuesto del 19% supera con holgura la inflación oficial acumulada que se registró entre los meses de febrero y junio del corriente año. Asimismo, se detalló que este fuerte ajuste en los cuadros tarifarios alcanzó de manera exclusiva a aquellos corredores productivos que ya fueron transferidos a manos privadas. Como contrapartida, aquellas rutas nacionales que todavía continúan bajo la administración y gestión directa del Estado, a través de sus dependencias públicas, mantuvieron sus valores congelados y sin modificaciones para los conductores, desnudando la disparidad de criterios según el modo de gestión.

El panorama para quienes transitan habitualmente por estas arterias estratégicas anticipa nuevos costos fijos y severas modificaciones en la logística de los trayectos. Los nuevos contratos de concesión diseñados por el Poder Ejecutivo nacional no solo contemplan estas subas iniciales por encima del índice de precios, sino que además prevén la instalación de una mayor cantidad de cabinas de peaje a lo largo de las trazas de las rutas 3, 5, 205 y 226. Según los lineamientos oficiales del modelo económico vigente, las futuras obras de reparación, repavimentación y mantenimiento general que realicen las empresas operadoras privados no contarán con subsidios estatales directos, sino que serán financiadas en su totalidad con los fondos obtenidos a través de la propia recaudación diaria de las tarifas abonadas por los usuarios.

Este esquema de «recaudar primero para invertir después» ha despertado fuertes críticas por parte de especialistas en infraestructura y asociaciones civiles de usuarios viales. Los cuestionamientos apuntan a que se invierte la lógica tradicional del sistema de concesión por peaje, donde las corporaciones primero deben arriesgar capital propio para poner las rutas en óptimas condiciones y luego recuperar la inversión mediante el cobro de la tarifa. Al autorizar aumentos previos a la ejecución de los trabajos y permitir la colocación rápida de nuevas barreras de cobro que muchas veces parten la circulación cotidiana de pueblos del interior, el nuevo modelo se asemeja más a un negocio de financiamiento garantizado para un puñado de firmas privadas que a un verdadero plan de modernización de la red vial nacional.