Los trabajadores viales alertan sobre el nuevo esquema de privatización de rutas

Desde la federación del sector advierten que la multiplicación de cabinas de cobro no se traducirá en la construcción de nuevos corredores, sino en un negocio financiero garantizado por el propio Estado que afectará la circulación cotidiana de las comunidades del interior.

El plan del Gobierno nacional para avanzar en la entrega de corredores viales bajo el sistema de concesiones encendió las alarmas en el sector laboral y técnico.

La Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional advirtió de manera contundente que el nuevo modelo promovido por el Poder Ejecutivo no contempla la ejecución de rutas nuevas ni garantiza la finalización de los proyectos estratégicos de autovías que hoy se encuentran paralizados a lo largo del país.

Suegún las cláusulas de los contratos previstos, las empresas beneficiarias se limitarán a realizar tareas básicas de bacheo y corte de pasto durante el primer año, transformando lo que debería ser un plan de infraestructura en un esquema netamente recaudatorio.

El principal eje de preocupación radica en la multiplicación de las cabinas de peaje en las trazas nacionales. De acuerdo con las proyecciones del sector, el objetivo oficial es llevar el esquema actual de 9.500 kilómetros concesionados a casi la mitad de la red vial nacional, lo que representaría cerca de 20.000 kilómetros bajo control de empresas privadas.

Los trabajadores señalan que este avance resulta técnicamente inviable bajo una lógica de mercado genuina, dado que la enorme mayoría de las rutas de nuestro país no cuenta con el caudal de tránsito diario necesario para ser sustentable sin un auxilio estatal permanente.

Como contrapartida inmediata para el usuario, se estima que la cantidad de puestos de cobro podría casi triplicarse en las principales rutas productivas; por ejemplo, sobre la ruta nacional 3, las cabinas pasarían de cuatro a ocho en el tramo entre Buenos Aires y Bahía Blanca.

La instalación de estas barreras ya genera un profundo malestar en diversas localidades del interior, como Azul y Bolívar, donde se proyectan peajes que alterarán la vida cotidiana y económica de sus habitantes.

Desde el gremio denunciaron que estas medidas terminan «partiendo a las ciudades al medio», obligando a los vecinos a pagar cánones para trasladarse a sus trabajos o escuelas dentro de su propia región.

Además, obras clave que ya contaban con financiamiento internacional —como la transformación en autovía del tramo Monte-Gorchs— quedaron completamente paralizadas y los pliegos actuales no obligan a las empresas a terminarlas en el corto plazo.

Asimismo, se cuestionó la supuesta naturaleza puramente privada de las inversiones anunciadas por la administración central.

Las corporaciones que asuman el control de los corredores viales contarán con líneas de financiamiento preferenciales otorgadas por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a tasas del 2% anual con dos años de gracia, sumado al respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).

En la práctica, el Estado nacional actúa como garante financiero del sector privado, permitiéndole además recaudar tarifas desde el primer día sin la exigencia previa de culminar obras de fondo.

De esta manera, el nuevo modelo corre el riesgo de repetir los fracasos de las últimas tres décadas de concesiones, consolidando un beneficio financiero para pocas firmas mientras la red vial continúa obsoleta.