Vialidad Nacional admitió ante la Justicia no ejecutar el presupuesto para mantener las rutas en Formosa

A través de un informe técnico presentado en los tribunales federales, el organismo reconoció que la escasez de recursos humanos, financieros y logísticos le impide cumplir con las obras de reparación elementales, desatando una fuerte polémica por el destino de los fondos específicos.

En un giro que generó profunda preocupación en el norte del país, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) admitió formalmente ante el Juzgado Federal N° 1 de Formosa que se encuentra en una situación de «cumplimiento imposible» frente a las órdenes judiciales que le exigen la inmediata reparación y mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

La declaración se produjo mediante un informe técnico presentado por los apoderados legales del organismo estatal, en el marco de una causa judicial impulsada de manera conjunta por la Fundación Padres Unidos Por El Dolor y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa. Ambos colectivos vienen denunciando desde hace meses el estado de abandono estructural de las calzadas y el consiguiente incremento del peligro para los conductores.

De acuerdo con el documento presentado por la institución, las severas deficiencias estructurales en las vías de comunicación no responden a una actitud de rebeldía o negligencia por parte de las autoridades locales, sino a limitaciones objetivas vinculadas a la disponibilidad presupuestaria.

Los representantes explicaron que el Distrito 22, correspondiente a la jurisdicción de Formosa, carece por completo de autonomía financiera en la actualidad. Esto significa que la delegación regional no posee las facultades necesarias para ampliar partidas económicas, contratar servicios de reparación, adquirir materiales básicos de bacheo o disponer de equipamiento extraordinario.

Toda acción operativa está supeditada a las decisiones y autorizaciones que sean oportunamente habilitadas por las autoridades superiores competentes desde el nivel central.

Frente a este escenario de asfixia operativa, Vialidad Nacional solicitó a la justicia federal que tenga en consideración el esfuerzo desplegado por el personal en el territorio con las herramientas disponibles.

El organismo pidió expresamente que no se le imputen incumplimientos injustificados ni se le apliquen sanciones económicas conminatorias, argumentando que en el contexto restrictivo actual se ven obligados a priorizar intervenciones mínimas guiados bajo criterios de razonabilidad, urgencia extrema y seguridad vial elemental.La respuesta y la reacción política regional no se hicieron esperar.

El ombudsman de la provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, calificó la presentación del informe técnico estatal como un hecho «contradictorio y absurdo».

El funcionario cuestionó duramente que, mientras las rutas nacionales se continúan deteriorando y diversas localidades del interior corren el riesgo de quedar aisladas, los recursos asignados por ley para conservar estas carreteras estén siendo desviados.

Según denunció, se estima que más de 400 millones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos, que por la Ley 23.966 deberían ir a obras viales, están siendo utilizados por el Gobierno nacional para adquirir instrumentos de financiamiento como letras y bonos con el único fin de exhibir superávit fiscal.

Ante esto, los demandantes confirmaron que profundizarán las acciones judiciales pertinentes, cuyas derivaciones ya están siendo investigadas en los tribunales federales de Comodoro Py.