Buscan dueños para las Ruta Santafesinas

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en la reconfiguración del mapa vial del país al emitir el dictamen de precalificación técnica para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Este proceso licitatorio, de carácter público nacional e internacional, contempla la entrega a la gestión privada de un total de 3.911 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las principales regiones productivas de la Argentina. De los 20 consorcios empresarios que presentaron originalmente sus propuestas, 19 superaron las exigencias técnicas evaluadas por Vialidad Nacional y quedaron habilitados para la instancia definitiva: la apertura de los sobres económicos que determinará los nuevos valores de los peajes.

Esta tercera etapa del ambicioso plan diseñado por el Ministerio de Economía de la Nación adquiere una centralidad absoluta para la provincia de Santa Fe. El pliego licitatorio incorpora de forma directa a cuatro de las arterias más transitadas y estratégicas para el entramado logístico, el transporte de cargas y la conectividad vial de la región central.

Entre los tramos más significativos que cambian de esquema se destaca la Ruta Nacional 34, específicamente en sus trayectos Rosario–Angélica y Angélica–La Banda (Santiago del Estero), un corredor neurálgico para el traslado de la producción agropecuaria hacia los puertos del Gran Rosario. Asimismo, el proceso incluye a la Ruta Nacional 19 (Autovía Santo Tomé–San Francisco), la Ruta Nacional 9 (Autopista Rosario–Córdoba) y el postergado tramo de la Ruta Nacional 11, que conecta la localidad de Nelson con la ciudad de Resistencia, en la vecina provincia de Chaco.

La principal característica de este nuevo diseño de gestión es el fin del financiamiento estatal. Desde la Secretaría de Transporte y Vialidad Nacional remarcaron que la Etapa III se ejecutará bajo la premisa de «arancelamiento cero» para las arcas públicas. Esto implica que las firmas que resulten adjudicatarias no recibirán subsidios ni compensaciones económicas por parte del Estado nacional; por el contrario, deberán autofinanciar las obras de bacheo, repavimentación, mantenimiento y los servicios al usuario exclusivamente mediante la recaudación de las tarifas de peaje.

El mecanismo de adjudicación premiará a la empresa que, habiendo superado los requisitos técnicos, presente la oferta económica más eficiente, es decir, la tarifa de peaje más baja para el automovilista y el transportista. El nuevo modelo busca romper con el esquema deficitario que arrastraba la empresa estatal Corredores Viales S.A., la cual operaba bajo pérdidas permanentes que debían ser cubiertas por el Tesoro Nacional.

Para evitar el abandono de las trazas que caracterizó a concesiones de décadas pasadas, el pliego establece un sistema de control por resultados. Vialidad Nacional ya no se limitará a certificar el avance de obras específicas, sino que auditará de manera periódica que los corredores cumplan con estándares mínimos de transitabilidad, rugosidad de la calzada, señalización horizontal y vertical, y niveles de seguridad vial. El incumplimiento de estos parámetros será causal de severas sanciones económicas y rescisiones contractuales.

La inclusión de corredores como la RN 34 y la RN 11 genera fuertes expectativas en los sectores industriales, productivos y de transporte de la provincia. El deterioro acumulado en las calzadas nacionales viene siendo un foco de constante reclamo por parte de los gobiernos locales y las entidades intermedias, quienes seguirán de cerca el proceso de adjudicación final en las próximas semanas para garantizar que las inversiones prometidas por los privados comiencen a ejecutarse en el corto plazo.