Por deudas acumuladas con empresas contratistas desde el año pasado, la Justicia ordenó el congelamiento de los fondos de la delegación local. El gremio advierte que no hay recursos ni para reparar los vehículos oficiales. La delegación entrerriana de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia institucional. En las últimas horas se confirmó que las cuentas bancarias operativas del distrito se encuentran completamente embargadas por orden judicial, una medida drástica derivada de las millonarias deudas acumuladas que el organismo arrastra con empresas contratistas del sector privado desde el año pasado. La gravedad de la situación fue expuesta públicamente por Raúl Meza, secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional en Entre Ríos, quien detalló en declaraciones radiales el estado de asfixia financiera que bloquea el funcionamiento cotidiano de la repartición. El embargo de los fondos no es un mero contratiempo administrativo; representa un golpe directo a la logística en el territorio. Al tener las cuentas congeladas por demandas de proveedores y constructoras locales —quienes acudieron a los tribunales ante la falta de pago de los certificados de obra—, el distrito Paraná quedó imposibilitado de afrontar sus costos operativos mínimos. «La cuenta bancaria está embargada por deudas impagas», alertó Meza en diálogo con Radio Costa Paraná, señalando que la medida cautelar impide tareas tan básicas como la compra de insumos, la adquisición de repuestos o cubiertas y la reparación de la flota de vehículos oficiales y maquinaria pesada necesaria para salir a las rutas. Esta falta de liquidez cortó de raíz la continuidad operativa diaria, reduciendo la capacidad del personal técnico y de conservación para realizar intervenciones de emergencia o mantenimiento de rutina en la red vial nacional que atraviesa la provincia. El trasfondo de este embargo es la parálisis generalizada de la obra pública federal. En Entre Ríos, proyectos clave y de alta densidad vehicular —como tramos de las Autovías 14 y 18, los accesos a la capital provincial y el mantenimiento de banquinas— arrastran meses de neutralización o ritmos mínimos de ejecución. La falta de pago a las contratistas no solo derivó en el frente judicial que terminó congelando la caja del organismo, sino que también genera una profunda preocupación en materia de seguridad vial. Desde el sector gremial insisten en que el abandono de las tareas de bacheo y demarcación eleva drásticamente el riesgo de siniestros en los corredores troncales de la región. A la parálisis de las máquinas en las banquinas se le suma un frente de tensión interna con los trabajadores. Según describieron las fuentes sindicales, el personal del organismo arrastra un fuerte atraso en sus ingresos, con sueldos básicos que oscilan entre los $450.000 y $900.000, conformados en su gran mayoría por adicionales y sin actualizaciones significativas en el último período. El escenario de achicamiento se complementa con el impacto estructural en los planteles técnicos: la reciente implementación de planes de retiro voluntario a nivel nacional ya significó la salida de más de 600 operarios y profesionales en todo el país, resintiendo la capacidad operativa de distritos estratégicos como el de Entre Ríos, que hoy opera al límite y con sus recursos financieros completamente bloqueados. Navegación de entradas Vialidad Nacional: una reestructuración que profundiza la incertidumbre laboral y el aislamiento del interior Retiraron el acoplado del río Carcarañá, pero la habilitación del puente sigue demorada
