1.200.000 camiones a las terminales del Gran Rosario y crisis de infraestructura

El extraordinario crecimiento en el flujo de la cosecha con destino a las terminales agroexportadoras ha devuelto a la agenda pública la crítica situación de la infraestructura vial en los principales nodos portuarios del país. Durante el último semestre, se registró el ingreso histórico de más de 1.200.000 camiones a las terminales del Gran Rosario y el complejo portuario de Santa Fe. Si bien este volumen representa un hito para el comercio exterior, la circulación de este parque pesado genera un desgaste estructural acelerado sobre las calzadas de los accesos viales, profundizando un déficit logístico histórico que hoy se encuentra al límite de su capacidad operativa.

Ante la propuesta de implementar nuevos peajes o contribuciones en las zonas de influencia, desde el sector técnico y del transporte se ha plantado una firme postura respecto a la doble imposición. Se subraya que tanto los transportistas como los productores agropecuarios ya aportan sumas millonarias a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo específicamente diseñado para el mantenimiento y la conservación de la Red Vial Nacional.

El reclamo sectorial apunta a que la falta de inversión no responde a una escasez de recursos recaudados, sino al desvío y falta de afectación específica de estos fondos por parte de la administración central, obligando a discutir parches financieros sobre una cadena que ya aporta los recursos necesarios para tener rutas en condiciones.

Este escenario de desatención nacional traslada una carga financiera obligatoria e insostenible hacia los municipios de la región y a la provincia de Santa Fe. Ante la falta de obras de Vialidad Nacional en los corredores troncales, los gobiernos locales se ven obligados a realizar erogaciones presupuestarias de gran envergadura para bachear, iluminar y señalizar las trazas secundarias y los accesos urbanos que colapsan por el tránsito pesado.

Estas inversiones de emergencia desfinancian las arcas municipales y provinciales para cubrir competencias que corresponden legalmente a la Nación, transformando el beneficio del récord exportador en un pasivo de infraestructura para las comunidades locales.

Finalmente, los cuadros profesionales viales advierten que el debate no debe centrarse en cómo crear nuevas herramientas de recaudación sobre el asfalto, sino en exigir la transparencia y ejecución directa de los impuestos viales existentes. Con un promedio que supera los 7.000 camiones diarios cruzando los accesos portuarios en las semanas de máxima actividad, la reconstrucción de los pavimentos de alta resistencia no puede quedar supeditada a tasas locales o a la privatización de los accesos.

La resolución de esta crisis logística requiere que el Estado Nacional asuma su rol soberano de planificación y vuelque la recaudación del impuesto a los combustibles en las rutas estratégicas que sostienen el ingreso de divisas del país.