Estrellas Amarillas: «Les pedimos que prioricen la vida»

El avanzado deterioro de la infraestructura vial en la región ha dejado de ser una preocupación logística para convertirse en una amenaza directa a la integridad física de quienes la transitan diariamente. En un contexto de profunda incertidumbre sobre el futuro de la obra pública, vecinos autoconvocados y usuarios de las rutas nacionales han alzado su voz para denunciar el estado de abandono de las calzadas y manifestar un rechazo rotundo a los planes de privatización y concesiones que, según advierten, no garantizan soluciones reales a los problemas estructurales.

La principal demanda de los afectados es clara y urgente: que el Estado priorice la seguridad y la vida de los ciudadanos por encima de cualquier lógica de rentabilidad económica o ahorro fiscal.

Los usuarios que padecen las consecuencias de baches profundos, falta de señalización y banquinas inexistentes señalan que la situación ha llegado a un punto crítico donde circular se ha transformado en un acto de riesgo constante. Para los vecinos, las promesas de mantenimiento bajo esquemas privados carecen de credibilidad, especialmente cuando los anuncios oficiales ya anticipan que no se realizarán las obras de gran envergadura que son estrictamente necesarias.Existe una desconfianza generalizada respecto a la eficacia de las privatizaciones. Los testimonios de quienes recorren estos trayectos indican que las concesiones anteriores no solo no cumplieron con las inversiones prometidas, sino que ahora el nuevo esquema parece admitir de antemano que las mejoras esenciales quedarán fuera de presupuesto. La preocupación radica en que se priorice el «bolsillo» —ya sea mediante el cobro de peajes o el recorte de fondos— mientras que las obras de fondo, como la repavimentación integral o la construcción de autovías, quedan descartadas de los planes inmediatos.El malestar social se alimenta de la percepción de que la infraestructura básica está siendo utilizada como una variable de ajuste. Los ciudadanos afectados subrayan que no se trata de una cuestión estética o de comodidad, sino de una necesidad básica de conectividad segura. La falta de respuestas concretas y el freno total a los proyectos iniciados refuerzan el sentimiento de desprotección entre los habitantes de las localidades conectadas por estas rutas, quienes ven cómo el patrimonio vial se degrada sin que exista un plan de contingencia serio por parte de las autoridades competentes.Finalmente, el reclamo de los vecinos apunta a una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos para garantizar el derecho a la libre circulación segura. Ante la posibilidad de que el sistema de rutas quede bajo administración privada sin compromisos claros de obra, la comunidad se mantiene en alerta, exigiendo que se retome la inversión estatal necesaria para evitar más accidentes y pérdidas materiales. La consigna es compartida por miles de usuarios: la infraestructura vial es un servicio esencial y su mantenimiento debe ser una política de Estado que no quede supeditada exclusivamente a intereses financieros.