La Justicia Federal intimó a Vialidad Nacional por el abandono de las rutas nacionales en el sur santafesino

El Juzgado Federal de Venado Tuerto emitió una nueva intimación a la Dirección Nacional de Vialidad para que retome de forma inmediata las tareas de mantenimiento en los corredores nacionales que atraviesan el departamento General López. La medida judicial, dispuesta el martes 3 de marzo por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, establece un plazo perentorio para que la empresa contratista Rovial continúe con las reparaciones comprometidas que permanecen paralizadas desde diciembre último.

La iniciativa partió de la senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien viene denunciando desde fines de 2024 la interrupción de los trabajos en la ruta nacional 33 y la ruta nacional 8. Según los registros judiciales, las intervenciones previstas sobre la ruta 33 debían abarcar desde Firmat hasta Sancti Spíritu, pero la contratista solo ejecutó tareas parciales en el tramo que va desde Firmat hasta la zona ubicada entre el cruce de Chovet y Elortondo. En el caso de la ruta 8, el incumplimiento resulta aún más evidente: las reparaciones se limitaron a la curva de Pastorino y parte del acceso, cuando el alcance contractual establecía un recorrido desde Venado Tuerto hasta el cruce con la ruta provincial 94.

Durante los últimos meses, Vialidad Nacional anunció en repetidas oportunidades fechas de inicio de los trabajos que finalmente no se concretaron. Esta sucesión de incumplimientos obligó a la Justicia Federal a emitir intimaciones reiteradas para exigir el cumplimiento de lo dispuesto. La senadora Di Gregorio explicó que la falta de respuestas concretas la obligó a reiterar el reclamo judicial, ya que las promesas de inicio de obras nunca se transformaron en realidad. Hasta el momento, la Dirección Nacional de Vialidad no emitió respuesta a la última notificación judicial.

La situación no se limita al departamento General López. En paralelo, la comuna de Villada, en el departamento Caseros, impulsa la presentación de un recurso de amparo para exigir la reparación del tramo de la ruta nacional 33 que atraviesa esa localidad. El deterioro de la traza y la ausencia de mantenimiento por parte del organismo nacional motivaron a las autoridades municipales a recurrir a la vía judicial.

Estos casos ilustran una problemática que se repite en distintas provincias del país. Veinticuatro gobernadores coincidieron en señalar que el sistema de recaudación del impuesto a los combustibles funciona, pero la distribución de los fondos hacia la infraestructura vial no. La senadora Di Gregorio remarcó que las rutas nacionales son fundamentales para los vecinos, el transporte y la producción del sur santafesino, y que la demora en las reparaciones pone en riesgo la vida de miles de personas que transitan diariamente por estos corredores en estado de abandono.