Paritaria en Vialidad Nacional: La administración intentó trasladar la negociación fuera del ámbito judicial

La disputa por la actualización salarial en la Dirección Nacional de Vialidad sumó ayer un nuevo capítulo de tensión institucional durante la audiencia prevista entre la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y los representantes de la administración central. El encuentro tuvo lugar en el juzgado donde se tramita la demanda interpuesta por los trabajadores, cuyo objeto es obligar al Estado Nacional al cumplimiento de la Ley de Paritarias y del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

Al inicio de la jornada, la representación oficial de Vialidad solicitó formalmente a la magistrada que la reunión se desarrollara en el ámbito privado, proponiendo la Casa Central del organismo como sede y prescindiendo de la presencia judicial en la mesa de diálogo. Si bien la representación gremial aceptó la instancia para avanzar en la negociación, dejó asentado en el acta que esta decisión no implica el abandono de la vía judicial. La Federación ratificó que la demanda para que el Estado cumpla con sus obligaciones legales sigue firme y bajo la tutela del juzgado interviniente.

Durante el intercambio, la parte sindical expuso detalladamente la degradación del poder adquisitivo que afecta a los empleados del organismo, quienes registran salarios congelados en un contexto de alta inflación. La respuesta de la administración fue negativa: los funcionarios argumentaron que, ante el proceso de retiros voluntarios y la reestructuración interna en curso, no existe disponibilidad presupuestaria para otorgar incrementos salariales. Esta postura confirma la profundización del desfinanciamiento operativo del organismo, que ya había sido advertido en los informes técnicos de FEPEVINA sobre el estado crítico de la red vial.

Cabe destacar que esta reunión se concretó luego de que la administración se ausentara de convocatorias previas realizadas por el juzgado. La demora en el cumplimiento de la ley de paritarias ha dejado a los trabajadores de Vialidad sin actualizaciones en sus haberes por un periodo que, según el planteo gremial, carece de justificación administrativa válida. El congelamiento de los ingresos coincide con un plan de reducción de la estructura del organismo y con la subejecución de fondos específicos destinados a la infraestructura, lo que configura un escenario de asfixia financiera para la entidad técnica nacional.

La continuidad de la negociación ha sido fijada para el próximo 26 de marzo. Para esa fecha, se espera que la administración presente propuestas concretas que den respuesta al reclamo de cumplimiento de la ley. El conflicto se desarrolla en paralelo a la medida cautelar que frena la disolución del organismo, dejando en evidencia que la presión sobre el sector vial se ejerce hoy tanto en el plano estructural como en el salarial. Mientras la red vial nacional presenta un deterioro creciente en sus principales corredores, el personal especializado enfrenta una incertidumbre que afecta directamente la capacidad de fiscalización y mantenimiento del Estado sobre las rutas del país.