La central obrera sostiene que el proyecto implica un retroceso en derechos adquiridos y advierte que afecta garantías protegidas por la Constitución y tratados internacionales. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que avanzará con una presentación judicial para impugnar la constitucionalidad de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Desde la central sindical sostienen que la iniciativa, presentada oficialmente como un proceso de modernización del mercado de trabajo, implica en realidad un retroceso en derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por convenios internacionales con jerarquía constitucional. Según expresaron voceros gremiales, el eje del planteo jurídico estará centrado en la presunta vulneración del principio de progresividad, también denominado de no regresión, que impide al Estado adoptar medidas que reduzcan o eliminen derechos sociales ya consagrados. Desde la perspectiva sindical, cualquier modificación normativa que implique una reducción de garantías laborales debe ser considerada inconstitucional si no está debidamente justificada y si afecta el núcleo esencial de protección al trabajador. Asimismo, la CGT remarcó que el proyecto cuestionado debilita el principio protector del derecho del trabajo, que reconoce la desigualdad estructural existente entre empleador y trabajador en el marco de la relación laboral. Este principio establece que la legislación debe equilibrar esa asimetría otorgando mayor tutela a la parte más vulnerable. Para los representantes sindicales, la reforma altera ese equilibrio histórico al introducir cambios que, según afirman, favorecen la flexibilización en detrimento de la estabilidad y la protección. Desde el movimiento obrero advierten que podrían verse afectados derechos contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entre ellos la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y el acceso a la seguridad social. En ese sentido, sostienen que el esquema propuesto modifica aspectos centrales de la relación laboral y reduce herramientas de defensa colectiva. En el plano económico, la central sindical rechaza el argumento de que la normativa laboral vigente sea responsable del aumento de la informalidad o del estancamiento en la generación de empleo registrado. Desde la mirada de los trabajadores, los problemas de precarización, pobreza y deterioro social están vinculados principalmente a la falta de crecimiento sostenido, inversión productiva y políticas macroeconómicas que impulsen la actividad. La decisión de acudir a la Justicia se enmarca en un escenario de debate abierto tanto en el Congreso como en el ámbito público. Mientras el oficialismo defiende la reforma como un instrumento para dinamizar la economía y fomentar nuevas contrataciones, las organizaciones sindicales insisten en que cualquier transformación del sistema laboral debe respetar los estándares constitucionales y garantizar la protección integral de los trabajadores. Navegación de entradas FEPEVINA renueva sus autoridades Paritaria en Vialidad Nacional: La administración intentó trasladar la negociación fuera del ámbito judicial
