La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), cuyo principal accionista es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ha sido confirmada como uno de los quince oferentes habilitados para participar en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones. La postulación de la firma bonaerense busca expandir su órbita de gestión más allá de las trazas provinciales, compitiendo por la administración, mantenimiento y explotación por peaje de sectores estratégicos de jurisdicción nacional, entre los que destacan la Autopista Riccheri, el corredor Ezeiza–Cañuelas y tramos de las rutas nacionales 3, 205 y 226. La habilitación de AUBASA se produce tras un proceso de selección inicial que redujo la lista de cuarenta y dos interesados a quince grupos precalificados. La compulsa abarca los denominados tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa, bajo el régimen de la Ley 17.520 de obra pública por peaje. El esquema previsto por el Ejecutivo Nacional delega en el adjudicatario no solo la recaudación tarifaria, sino también la responsabilidad integral sobre la construcción, ampliación y conservación de la infraestructura, además de la prestación de servicios de asistencia al usuario y la seguridad vial en los corredores asignados. Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense respaldaron la presentación destacando la trayectoria operativa de la compañía, que actualmente administra más de 1.200 kilómetros de calzada, incluyendo la Autopista Buenos Aires–La Plata y las autovías 2 y 11. La conducción de la empresa, encabezada por José Arteaga y Walter Abarca, enfatizó que la experiencia acumulada en servicios de emergencia las 24 horas, reconversión lumínica y sistemas de videovigilancia constituye una ventaja competitiva para asumir la gestión de rutas que hoy presentan una alta densidad de tránsito y requerimientos técnicos complejos. Esta participación de una firma estatal subrogando funciones nacionales se da en un contexto de fuerte debate sobre el financiamiento de la obra pública. Mientras AUBASA defiende su plan de inversiones en ejecución —que incluye duplicaciones de calzada y repavimentaciones—, sectores gremiales como la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) siguen de cerca estos movimientos ante el posible traspaso de funciones de control que antes correspondían exclusivamente al Estado Nacional. De resultar adjudicataria, la provincia de Buenos Aires pasaría a gestionar algunos de los accesos más rentables y transitados del país, consolidando un modelo de gestión pública con lógica de mercado. Navegación de entradas Chubut cancela deuda millonaria con Nación mediante una obra vial en la RN 25 Rutas Nacionales entre la autogestión local y el mercado
