Fractura en el orden regional

La detención del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses y el aval de figuras internacionales marcan el retorno de las intervenciones directas en la soberanía de América Latina.

La intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, bajo las órdenes de la administración de Donald Trump, ha culminado con la detención del presidente del país sudamericano. El operativo, ejecutado mediante el despliegue de fuerzas especiales, rompe con las normativas internacionales de soberanía y las leyes que regulan las relaciones entre Estados independientes.

Esta acción se suma a una serie de antecedentes históricos en el continente donde la potencia del norte ha intervenido directamente en la vida política interna de las naciones latinoamericanas para deponer mandatarios y reestructurar el control territorial y de recursos.

Durante la Guerra Fría, la sombra de la contención comunista justificó la intervención directa y encubierta de Estados Unidos en América Latina. El derrocamiento de gobiernos como el de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o Salvador Allende en Chile (1973) —este último mediante un cruento golpe de Estado—, así como la fallida invasión de Bahía de Cochinos (1961) o el apoyo a los «Contras» en Nicaragua, mostraron que Washington priorizaría su seguridad estratégica por encima de la soberanía y la democracia en la región.

Tras el fin de la Guerra Fría, el pretexto cambió, pero no la disposición a actuar. En 1989, la invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega inauguró una nueva justificación: la lucha contra el narcotráfico. En los años noventa, intervenciones como la restauración del presidente Aristide en Haití (1994) combinaron intereses de estabilidad regional con una retórica de promoción democrática.

En el siglo XXI, el modelo se ha vuelto más indirecto, aunque no menos influyente. El Plan Colombia (desde 2000), una masiva inyección de ayuda militar bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia, ha reconfigurado profundamente el conflicto interno del país y marcado un nuevo estilo de intervención, donde la asistencia y la cooperación sustituyen a las invasiones abiertas, manteniendo una fuerte injerencia en los asuntos internos de la región.

En este contexto, la figura de María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, se pronunció a favor de la incursión militar. La dirigente manifestó su aprobación ante el accionar de las tropas estadounidenses y vinculó este proceso con una agenda de privatizaciones masivas que alcanzarían miles de millones de dólares. El pedido de una intervención armada por parte de una ganadora del Nobel de la Paz se produce en un escenario donde las instituciones globales de arbitraje y derechos humanos enfrentan cuestionamientos por su falta de respuesta ante la alteración del orden institucional en la región.

El despliegue militar sobre Venezuela pone en el centro de la discusión la seguridad de los recursos naturales estratégicos, particularmente el petróleo y los minerales, en un mercado global con alta demanda de energía. Organizaciones sociales y políticas de distintos puntos del continente señalan que la justificación basada en la defensa de la democracia y los derechos humanos no ha tenido un correlato en las formas utilizadas para la captura del presidente. El debate se extiende a la doble vara del sistema internacional, donde acciones similares realizadas por otras potencias como Rusia o China en países alineados con Estados Unidos recibirían condenas unánimes bajo el principio de autodeterminación.

Las voces que se alzan desde Latinoamérica exigen una postura firme de los organismos regionales ante lo que califican como una afrenta a la independencia continental. El precedente de detener a un presidente en funciones por fuerzas extranjeras abre un interrogante sobre la vigencia de los tratados de no intervención firmados en el marco de la OEA y la ONU.