La trampa de la Ruta 33: Exigencias estatales sobre una calzada en estado de abandono

Mientras la Ruta Nacional 33 se convierte en un escenario de «cráteres lunares» y banquinas inexistentes, el Estado mantiene una contradicción letal: sanciona a los conductores por la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en un camino que, por su propio deterioro, destruye cualquier unidad que intente transitarlo.

​El estado de la Ruta Nacional 33, especialmente en el tramo que atraviesa el sur de Santa Fe, ha dejado de ser una preocupación logística para transformarse en una «invitación permanente a la tragedia». Quienes recorren la traza denuncian un paisaje de abandono absoluto, caracterizado por pozos profundos, huellas que provocan el despiste de los vehículos los días de lluvia y banquinas anuladas por pastizales que nadie corta.

Esta degradación estructural, que se arrastra desde 2018 cuando se eliminó el peaje bajo la promesa incumplida de una autopista, ha llegado a un punto de no retorno bajo la actual gestión nacional. Con la eliminación de la obra pública y la jactancia del déficit cero, el mantenimiento mínimo ha desaparecido, dejando a la 33 en el peor estado de su historia, mientras el Gobierno Nacional ignora sistemáticamente los pedidos de la provincia de Santa Fe para que se le ceda la jurisdicción y el mantenimiento de la ruta.

​La paradoja de esta situación se manifiesta en los controles viales. Recientemente, se ha denunciado una situación que roza el absurdo: la Policía de Seguridad Vial, apostada precisamente frente a tramos donde la ruta presenta dimensiones de «cráteres lunares», labra infracciones a conductores por no contar con la VTV al día.

El mismo Estado que incumple su obligación básica de garantizar una transitabilidad segura, le exija al ciudadano un certificado que acredite que su vehículo está «en condiciones». Es una ficción jurídica: se obliga a mantener un estándar técnico preventivo en una arteria que, por su negligencia oficial, rompe neumáticos, deforma llantas y destruye amortiguadores kilómetro a kilómetro, convirtiendo cualquier inspección técnica en un ejercicio de futilidad ante el riesgo inminente que representa la calzada.

​Esta desconexión entre la norma y la realidad ha llevado incluso a la intervención de la Justicia Federal, que dictó medidas cautelares para ordenar a Vialidad Nacional trabajos de reparación urgentes que nunca se concretan. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, ha llegado a recomendar a los vecinos del departamento General López utilizar rutas provinciales alternativas para evitar la peligrosidad de la 33. Mientras tanto, la respuesta oficial sigue siendo la promesa de una privatización que no avanza y que deja a los santafesinos atrapados en una trampa de burocracia y riesgo. El mensaje implícito del Estado parece ser aterradoramente claro: no importa si la ruta te mata, lo importante es que el auto esté reglamentariamente apto para enfrentar el desastre que el propio Gobierno se niega a reparar.