La Comisión Directiva de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) emitió un duro comunicado alertando sobre el vaciamiento institucional tras el intento fallido de disolución, señalando que la falta de presupuesto y la persecución al personal de carrera ponen en riesgo la seguridad de las rutas argentinas. Los trabajadores de carrera de Vialidad Nacional han alzado la voz para denunciar lo que consideran una estrategia sistemática de destrucción del organismo. En un documento reciente, la Comisión Directiva de la DNV advirtió que, tras no haber prosperado el intento de disolución mediante el Decreto 461/2025 —frenado por la movilización gremial y acciones judiciales—, la conducción política ha virado hacia una actitud de «hostigamiento y parálisis deliberada». Los empleados denuncian que son blanco de una campaña de estigmatización y persecución laboral, donde se busca instalar la idea de corrupción generalizada para justificar el desmantelamiento de la institución. Según los representantes del sector, la justicia ya ha determinado que las irregularidades de años anteriores fueron diseñadas por altos cargos políticos y empresarios, y no por el personal técnico y administrativo que hoy padece la parálisis operativa y el congelamiento salarial.Esta situación de abandono institucional se traduce de manera directa en el deterioro de la red vial nacional, que cuenta con cerca de 40.000 kilómetros bajo su órbita. El gremio alerta que el 70% de las rutas argentinas requiere mantenimiento urgente, pero el presupuesto actual no solo está congelado a valores de 2023, sino que se encuentra subejecutado en casi un 50%. A esto se suma la retención ilegal de fondos específicos provenientes del impuesto a los combustibles, que deberían destinarse por ley a la infraestructura. La parálisis de obras no solo afecta la conectividad y la producción regional, sino que representa un riesgo creciente para la seguridad de millones de usuarios. Para la Comisión Directiva, destruir Vialidad Nacional bajo la excusa de corregir fallas administrativas es «irracional» y atenta contra una de las herramientas más federales del Estado nacional.Ante este panorama, las exigencias del personal son claras: el cese inmediato de la persecución hacia los cuadros de carrera y la restitución plena de las funciones operativas y presupuestarias del organismo. El documento reafirma que Vialidad Nacional no es el problema, sino la única solución técnica capaz de reconstruir la red troncal del país. Mientras el Gobierno nacional insiste en un modelo de concesiones viales que el gremio califica como un «negocio financiero» subsidiado, los trabajadores sostienen que la desaparición o el vaciamiento de los distritos regionales dejará a vastas zonas del interior sin asistencia ante emergencias climáticas o roturas estructurales. El conflicto gremial, lejos de resolverse, se encamina hacia un 2026 de alta tensión si no se reconoce el rol estratégico de quienes sostienen la infraestructura vial día a día. Navegación de entradas Promesas rotas e incertidumbre vial en la conseciones La trampa de la Ruta 33: Exigencias estatales sobre una calzada en estado de abandono