Vialidad Nacional Intima a Santa Fe a Retirar un Radar en la Ruta 168

Una intensa polémica se desató entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe a raíz de la instalación no autorizada de un radar de control de velocidad sobre la Ruta Nacional N° 168, a la altura del kilómetro 5,8, en el acceso este a la capital provincial.

El conflicto escaló a tal punto que el organismo nacional intimó formalmente a la provincia a retirar el dispositivo en un plazo de cinco días, bajo la amenaza de removerlo por su cuenta, mientras que la APSV rechazó la exigencia y advirtió que iniciará acciones penales si se intenta desmantelar el cinemómetro.

El dispositivo, ubicado frente al ingreso a Colastiné Sur y junto al Club Atlético Velocidad y Resistencia, fue instalado por la provincia con el objetivo de reducir drásticamente el exceso de velocidad en una zona urbana y de alta siniestralidad, donde la velocidad máxima permitida es de $80$ kilómetros por hora. El titular de la APSV, Carlos Torres, ha defendido su colocación con estadísticas que indican un fuerte efecto preventivo: desde su instalación en agosto, el porcentaje de vehículos que circulan con exceso de velocidad en ese tramo cayó del 49% al 19%.

Sin embargo, la DNV sostiene que, aunque no tiene competencia para aplicar multas o medir la velocidad, sí posee la atribución exclusiva de autorizar cualquier estructura física que se instale en su zona operativa, la traza de la ruta nacional. Según Vialidad, la provincia no tramitó la autorización correspondiente para colocar la estructura del radar en el pavimento, lo que constituye una irregularidad administrativa que motivó la intimación de retiro. Este punto de vista es respaldado por analistas legales que distinguen entre la facultad provincial de sancionar (poder de policía vial) y la necesidad de solicitar permiso para intervenir físicamente una infraestructura nacional.

La provincia, por su parte, argumenta que no necesita una autorización puntual de la Nación para fiscalizar con cinemómetros en rutas que atraviesan su territorio, ya que el control de policía es una facultad no delegada. Esta diferencia de interpretaciones sobre las competencias jurisdiccionales ha llevado a un punto de no retorno: la APSV confirmó que el radar no será retirado y que la instalación es correcta según la legislación provincial, mientras que la DNV insiste en el incumplimiento de la normativa federal que rige la infraestructura de las rutas nacionales. En medio de esta disputa, todas las multas emitidas con anterioridad al $26$ de agosto han sido anuladas, ya que el dispositivo no contaba con la homologación del INTI en ese período, un factor más que añade complejidad legal a la controversia que sigue abierta.