«Las rutas no son nuestra prioridad» señaló Adorni

Las rutas nacionales 11 y 34, arterias fundamentales para la conexión del centro norte productivo con el polo portuario del Gran Rosario, registran una alarmante cifra de 60 fallecidos en lo que va del año, según datos del Observatorio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Este dato, difundido por el diario La Capital, revela el peligro constante que enfrentan automovilistas y transportistas ante el deterioro de estas vías.

A pesar de su importancia estratégica para el entramado económico nacional, el mantenimiento de estas rutas parece no ser una prioridad para el gobierno actual. Resulta significativo que, ante la consulta sobre un posible plan de recuperación, la respuesta oficial haya sido un lacónico «No tenemos esa prioridad», en palabras del vocero Manuel Adorni. Esta declaración, que desestima la gravedad de la situación y la pérdida de vidas, evidencia un simplismo preocupante y un cinismo frente a una problemática que impacta directamente en la seguridad de los trabajadores y la eficiencia del transporte.

En este contexto de abandono y desidia, resulta aún más grave la negativa del gobierno nacional a permitir que las propias provincias intervengan para solucionar el problema. Varios gobernadores han manifestado su disposición a utilizar fondos provinciales para reparar y mantener estas rutas cruciales, pero se encuentran con la intransigencia de la administración central, que retiene la jurisdicción y la responsabilidad sin ofrecer soluciones concretas. Esta situación no solo profundiza el riesgo para quienes circulan por estas vías, sino que también expone una lógica centralista que impide a las regiones tomar medidas urgentes ante una emergencia vial que afecta directamente a su desarrollo productivo y a la seguridad de sus habitantes.

Mientras tanto, persiste el cobro de impuestos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales, sin que se observen mejoras sustanciales. La distancia entre la recaudación y la inversión en infraestructura vial plantea interrogantes sobre la gestión de recursos y las prioridades gubernamentales.

La situación de las rutas 11 y 34 no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática más amplia que afecta la infraestructura vial del país. La falta de inversión y la desatención de las necesidades de los sectores productivos generan consecuencias negativas en la seguridad y la competitividad. Se observa con atención la respuesta oficial, que lejos de ofrecer soluciones, minimiza una realidad que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de trabajadores y en el desarrollo económico regional.