La Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos contra exfuncionarios durante el macrismo del área de obra pública, empresarios y dos empresas constructoras por el presunto pago de sobornos en la ejecución de proyectos viales durante el período 2016–2019. Se trata de Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A., alcanzadas por la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, norma que permite sancionar a empresas por delitos cometidos en su beneficio. El caso se inició en 2018, tras una denuncia de Javier Iguacel, entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad. La investigación detectó irregularidades en tres obras —dos en Córdoba (Ruta 19) y una en Buenos Aires (Ruta 8)— donde se habrían cobrado sobreprecios por trabajos no ejecutados en su totalidad. Según el fallo, parte del dinero retornaba como pagos ilegales a funcionarios. El procesamiento confirmado incluye al excoordinador ejecutivo de Obras de Casa Central, Guillermo Crisci; técnicos, empresarios y representantes de las firmas mencionadas. También se establecieron embargos por más de 630 millones de pesos. Aunque la resolución judicial incorpora la responsabilidad empresarial —algo aún poco habitual en casos de corrupción vinculados a la obra pública— la cobertura mediática evitó ubicar los hechos dentro del contexto político en el que ocurrieron: el gobierno de Mauricio Macri. En notas como la publicada por Infobae, el enfoque se limita a funcionarios técnicos y empresarios, sin mención al marco de gestión desde el cual se adjudicaron y ejecutaron las obras. La corrupción política suele ocupar el centro de la escena mediática, especialmente cuando los nombres involucrados pertenecen al oficialismo o al peronismo. Por el contrario, los casos que comprometen al sector privado o a gestiones opositoras tienden a narrarse como hechos aislados, desligados de estructuras más amplias. Este caso confirma que los esquemas ilegales en la obra pública no pueden pensarse sin el papel activo del empresariado. Navegación de entradas El Gobierno dice que las rutas de La Pampa “no son prioridad” y deja en evidencia el abandono planificado de la obra pública
